Tres de cada cuatro sentencias por corrupción en 2016 fueron condenatorias

Corrupción

Tres de cada cuatro sentencias por corrupción en 2016 fueron condenatorias

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación, según el CGPJ. El pasado año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, los juzgados y tribunales dictaron 104 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 79 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 76% del total, según el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
 
Este repositorio fue presentado el pasado 12 de enero, por lo que tras la incorporación de los datos del último trimestre ofrece por primera vez información de un año natural completo.
 
Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2016 un total de 112 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.
 
De los 112 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 21 corresponden al último trimestre de 2016. En cuanto a las personas acusadas en esos procedimientos -un total de 659-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 78 de ellas en el último trimestre del año pasado.
 
El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.
 
La suma de los cuatro trimestres del año pasado que recoge la base de datos es de 266 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. De ellas, 48 corresponden al último trimestre de 2016.
 
Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.

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