“Está habiendo una serie de problemas en la construcción, como consecuencias de problemas financieros de la constructora que ganó el concurso para llevar a cabo la obra”. Esta frase pronunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha elevado las dudas sobre el futuro del colegio que iba a abrir el Gobierno regional en El Bercial (Getafe) para el inicio de este nuevo curso.
Desde la Consejería de Educación aseguran a ElBoletín.com que las obras del centro “siguen en pie” y que se está trabajando con “total normalidad”. Unas declaraciones que chocan con la preocupación de Cifuentes ante los “problemas financieros”, así como con las palabras de la viceconsejera de Educación María José García Patrón que pagos ilegales al Partido Popular en campañas electorales y a los cabecillas del ‘caso Gürtel’ para la adquisición de obras públicas.
Una operación que catapultó a Essentium a un sector constructor en el que Hispánica ya tenía un recorrido, sobre todo con la Comunidad de Madrid donde los negocios con varios consejeros no se detuvieron durante varios años. Las sombras de la Gürtel que se asentaron sobre la compañía de García Pozuelo llevaron al grupo a iniciar un lavado de cara de su nueva adquisición. Para ello, le dio un nuevo nombre y la transformó en lo que hoy en día es Assignia, responsable de la construcción del colegio en El Bercial.
Los negocios con la Comunidad de Madrid
Uno de los primeros movimientos de la nueva Assignia, ya entrado 2010, fue fichar al antiguo consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, para su consejo de administración. también adquirió la limpieza integral no sólo de la práctica totalidad de instalaciones del Hospital de Getafe sino también de los distintos centros de especialidades y de salud mental que dependen de él: el Centro de Especialidades de los Ángeles, el punto de urgencias de este último y el Centro de Día de Salud Mental conocido como ‘Calle Galicia’.
“Insisto, ni conmigo ni con ninguno de los altos cargos de la Consejería de Sanidad ni con los gerentes que ha tenido los últimos años ese hospital el señor Lamela ha realizado ninguna gestión ni ninguna llamada relacionada con nada y mucho menos con el hospital del Tajo”, se defendió el que fuese consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
El concurso del colegio en El Bercial
Unos problemas en el Hospital del Tajo que podrían explicar los problemas financieros que alega Cifuentes. No obstante, hay una cuestión que no cuadra: en las condiciones para participar en los concursos públicos, la empresa participante ha de “acreditar anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera” , así como, “cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional”, tal y como remarca el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el que se basó la licitación de las obras del colegio en El Bercial. Por lo tanto, ¿por qué se adjudicó la construcción a una empresa con este historial y que a los pocos meses pone en duda la obra por “problemas financieros”?
Desde la Consejería de Educación responden a ElBoletín.com que “la empresa constructora cumplía con todos los requisitos que marca la Ley de Contratación pública cuando, en marzo pasado, resultó adjudicataria de las obras en un procedimiento abierto”. Un argumento que no termina de convencer a CCOO que ha anunciado a este medio que “desde el sindicato investigaremos esta adjudicación con nuestros servicios jurídicos”.
Porque para la organización sindical las cosas entre la Administración Cifuentes y Aguirre-González no han cambiado. “Cifuentes habló de regeneración, pero no hay medidas para garantizar la transparencia y estar libre de sospecha. Hemos pedido cláusulas sociales, condiciones laborales… Rechazamos contratos a empresas bajo sospecha”, denuncia Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CCOO.
Unas cláusulas sociales y laborales para sumar puntos a la hora de la adjudicación que no existen en los pliegos de esta oferta. Tan sólo se habla de que si dos o más empresas empatan en la oferta económica, “tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia”, así como si el licitador dispone “del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla”.
El Partido Popular vuelve a cruzarse con Assignia