El consistorio ha revelado gastos como 300.000 euros para colocar la primera piedra o una construcción de 77 millones que no ha sido usada. La gestión de Mercamadrid desde el año 2005 será objeto de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid al contar con el respaldo del grupo proponente, el PSOE, y de Ahora Madrid. También el PP ha anunciado que votará a favor y que «cada palo aguante su vela si se deduce cualquier irresponsabilidad», ha declarado la popular Ana Román.
«El PSOE, en exigencia de transparencia en las cuentas, por la eficacia en la gestión y por la imagen limpia de sospecha de Mercamadrid, pediremos en el próximo Pleno la constitución de una comisión de investigación desde el año 2005 y veremos si esa comisión la ampliamos a otras empresas municipales», ha explicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié,en declaraciones recogidas por Europa Press.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha puesto sobre la mesa el «drenaje de beneficios del 10% por una operación negativa y posiblemente irregular» y que se pondrá en conocimiento de la Fiscalía. Si no se ha hecho ya es porque «sigue apareciendo documentación», ha sostenido. La última ha sido la relativa a un acto de colocación de primera piedra por 300.000 euros.
Además, el consistorio maneja un informe que sostiene que la empresa mixta amplió en 2004 unas instalaciones que han tenido “nula utilidad” y que sin embargo costaron 77 millones de euros. La empresa ocultó la amortización de la obra para simular mayores beneficios, según informaba El País. También se supo que gastos como 137.000 euros en restaurantes de lujo o la costosa primera piedra en la época de Alberto Ruiz-Gallardón se contabilizaron como “inversiones”.
Sánchez Mato ha defendido que las comisiones de investigación son un ejemplo de «salud democrática». «Las comisiones, señora Aguirre, a lo mejor las firmamos, no las recibimos nunca», ha espetado. La edil popular Ana Román ha pedido que lo sucedido en Mercamadrid se tiene que situar en el «contexto de crisis», con «una ley de sostenibilidad del Gobierno de España que hace que las empresas no pudieran incurrir en ninguna pérdida». Ha tachado lo sucedido en Mercamadrid como «situación financiera», lo que ha sido contestado por Sánchez Mato: «Hay unas instalaciones cerradas por las que se tiene que pagar una renta hasta 2032. ¿Eso no es una irregularidad? En mi casa sí».
La socialista Causapié le ha pedido a la expresidenta del PP madrileño que «sería bueno que asumiera su responsabilidad ante los ciudadanos de Madrid» y no sólo ante los militantes de su partido. Ha criticado que parezca que al PP le interesaba más «trabajar por favorecer los negocios privados». Los populares han defendido que «Mercamadrid no es Mercasevilla», donde «altos cargos del PSOE están condenados y otros en fase de investigación». «Aquí no hablamos de venta ilegal de suelo ni de prevaricación«, ha añadido.
El Gobierno municipal abrió en verano una investigación por indicios de «irregularidades» en un «contrato blindado» entre Mercamadrid, empresa público-privada con el 51% en manos del Ayuntamiento de la capital, y la sociedad Merca Ocio, que ha supuesto un daño patrimonial equivalente al 10% de los beneficios anuales de la empresa pública.
Los hechos arrancaron en julio de 2001, cuando Mercamadrid abrió un concurso por el que se ponía a disposición de empresas privadas la posibilidad de conseguir derechos de superficie para construir y explotar un hotel y un área de restauración.
