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Edición testing    18 de agosto de 2017

Privatización

Ayuntamiento de Madrid

Una trabajadora del servicio municipal lamenta a ElBoletín.com el problema que tiene Madrid Salud y la falta de acción del Ayuntamiento.

‘Más vale prevenir que curar’ es un refrán que en temas de salud toma más fuerza que nunca. Y más para Madrid Salud, cuya función fundamental pasa por la prevención para fomentar el “bienestar en la comunidad”. “Ayudamos a que la gente se empodere a la hora de decidir por su salud”, explica una trabajadora del organismo municipal y afiliada de MATS. Sin embargo, el servicio dependiente del Ayuntamiento de Madrid continúa en sus horas más bajas desde que el Partido Popular de Ana Botella decidió fijarlo como objetivo. La llegada de Manuela Carmena supuso un “respiro hondo” para la plantilla, pero los problemas siguen muy presentes.

Ayuntamiento de Madrid

El delgado de Salud, Javier Barbero, afirma a ElBoletín.com que “a partir de septiembre” se abrirá una “mesa de negociación con los sindicatos” para hablar de Madrid Salud.

La celebración de la Mesa de Contratación de Madrid Salud para abordar los tres servicios públicos que no se iban a privatizar ha encendido las alarmas. El pasado 20 de agosto el Ayuntamiento de Madrid decidió dar marcha atrás a la externalización. La historia parecía tocar a su final hasta este criticado paso. Sin embargo, Javier Barbero, delegado de Salud del Consistorio, ha asegurado a ElBoletín.com que la suspensión de los contratos es “firme”.

Comunidad de Madrid

Hasta cinco colectivos se unen para alertar sobre el nicho de mercado que Cifuentes podría abrir con la gestión de servicios de prevención.

Un comunicado conjunto de hasta cinco asociaciones de facultativos y enfermeros de la Comunidad de Madrid alerta sobre las posibles consecuencias de la nueva Ley de Salud Pública del Gobierno de Cristina Cifuentes. Señalan que desde hace una semana se viene anunciando a bombo y platillo una consulta pública a los colectivos interesados para la redacción de una ley final.

Madrid

UGT y la FAPA Giner de los Ríos critican el "oscurantismo" de la Consejería y la privatización de los ciclos de Formación Profesional.

“Un año más, miles de alumnos y alumnas ven su esperanza de formación defraudada al no poder acceder a una plaza de Formación Profesional, cuya oferta pública se encuentra muy alejada de la demanda desde hace años”, asegura el sindicato UGT sobre las plazas de este grado educativo en la Comunidad de Madrid. Lamenta que el número de alumnos potenciales, que no han podido obtener plaza este curso, “solo es conocido por la Consejería de Educación”, y alerta de que en septiembre la cifra “aumentará dramáticamente al sumarse a los alumnos que no han obtenido plaza en julio los que concurrirán después de los exámenes de septiembre”.

Francia

Francia estataliza los astilleros de Sain-Nazaire ante la ‘amenaza’ italiana.

Los astilleros de Sainy-Nazaire (en la costa Atlántica de Francia) van a ser nacionalizados por el Estado francés después de que el presidente galo, Emmanuel Macron, haya dado el visto bueno a una operación que evitar que una empresa italiana se haga cargo de uno de los astilleros más estratégicos del país.

Justicia gratuita

La asociación ALA cree que los órganos colegiales han sido cómplices de una Administración interesada en externalizar este servicio público.

La Comisión del Turno de Oficio de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas denuncia, el mismo día que se celebra el Día de la Justicia gratuita, “la drástica disminución del servicio público” en este ámbito: “La ciudadanía ha sufrido los recortes en servicios públicos de todo tipo, producto de una política expresa de privatización, externalización y de la renuncia de la Administración estatal y autonómica a una gestión eficaz”, critica la plataforma.

Sanidad

Las políticas comunitarias han contribuido en el traspaso a manos de empresas privadas de una parte cada vez mayor del pastel sanitario, tradicionalmente público.

Un conjunto combinado de presiones a nivel europeo parece haber ayudado, en los últimos años, a crear un entorno favorable a la privatización de los servicios de salud públicos de los estados miembro.

Resultados empresariales

La cifra extra con respecto al precio al que colocó acciones de la gestora de aeropuertos entre inversores institucionales rozaría los 7.600 millones.

Aena ha presentado cuentas este miércoles. Y con ellas, además de los avances en Bolsa, ha regresado la eterna polémica sobre lo oportuno del precio al cual el Estado privatizó un 49% de la gestora de los aeropuertos españoles. Si hubiera vendido al precio actual, las arcas públicas contarían con 7.596 millones de euros extra.

Sanidad

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid reclama que el modelo de gestión privada de servicios público debe “extenderse a otros ámbitos de la Administración”.

Las dudas sobre la fórmula del canon que impulsó el Gobierno de Esperanza Aguirre en la construcción de los hospitales de gestión privada siguen en la Asamblea de Madrid. Después de la comparecencia del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre finales de 2003 y mediados de 2007, Manuela Lamela, el turno ha llegado para su sucesor hasta marzo de 2010: Juan José Güemes.

Prisiones

La Asociación Unificada de Guardias Civiles propone a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado iniciativas para que no se renueve el contrato a las empresas adjudicatarias.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia hoy el “gasto innecesario” que supone la privatización de la seguridad penitencia e informa que “sumando todos los contratos sucesivos incluido el de 2017, desde que se inició el proceso privatizador en mayo de 2013 son ya más de 115 millones de euros de dinero público derrochados en beneficio de las empresas de seguridad privada, por unos servicios absolutamente innecesarios y duplicados”.

En su último informe y calculando una serie de variables con datos oficiales, la Marea Blanca coloca a la región madrileña como la más privatizada.

La Comunidad de Madrid es la gran vencedora del último ranking que ha llevado a cabo la Marea Blanca. No por el gasto sanitario que destina por habitante sino por ser la región con mayor índice de privatización en su sanidad pública. Un ‘honor’ que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha entregado en su último informe sobre este fenómeno después de analizar siete variables.

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