Sin ambages. El primer año transcurrido desde la victoria electoral de Mariano Rajoy y su llegada posterior al Gobierno ha sido un ‘año negro’ para los trabajadores y un ‘año blanco’ para defraudadores, especuladores, banqueros y algunos grandes empresarios que están a la búsqueda de más beneficios aunque sea a costa del sufrimiento de la gente. Para colmo, en estos casos no tienen como prioridades ni generar riqueza para el Estado ni crear empleo.
Desde la perspectiva que nos otorga este ‘Año Mariano’ hay que insistir en que el presidente del Gobierno del PP carece de un rumbo político y un horizonte que pueda sacar a la sociedad de la grave y larga crisis por la que atravesamos. Se cuentan por decenas de miles las plantillas de este país a las que afectan de forma concreta las políticas restrictivas que se están ejecutando. Sus trabajadores sufren expedientes injustos, sobre todo en los casos de empresas con beneficios, tanto españolas como multinacionales. Frente a estas situaciones, por cierto, nuestra propuesta pasa por tipificar como delito el hecho de que empresas que tienen beneficios puedan despedir a sus trabajadores.
En este año han ocurrido otras muchas cosas negativas. El Gobierno Rajoy se estrenó ya en diciembre de 2011 con aquel decreto ley de medidas económicas urgentes, nefastas, después llegaron otras como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de casi 9.000 millones de euros para los ministerios, la reducción de presupuestos de RTVE en 200 millones, la reducción del presupuesto de RENFE en 200 millones más, la congelación de los sueldos de los trabajadores públicos, la congelación de la tasa de reposición de estos empleados públicos, la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, las subidas de impuestos (IBI e IRPF), la Reforma Laboral y su abaratamiento del despido. Se han completado con la ley de estabilidad presupuestaria, la fracasada amnistía fiscal, los Presupuestos Generales del Estado (2012 y 2013). En realidad, la lista de medidas lesivas parece interminable.
Ante un panorama así cabe preguntarnos cuál es el papel del Estado en tiempos de crisis. Una crisis que va estrechamente ligada a la desmembración y desestructuración que ha sufrido el propio Estado en los últimos 15 ó 20 años principalmente.
En España hay múltiples elementos que nos permiten afirmar, sin temor a equivocarnos, que al Estado se le están quitando cada vez más atribuciones y competencias, entendiendo como Estado absolutamente todo el tejido institucional: Administración central, autonomías, ayuntamientos y resto de corporaciones supramunicipales. Uno de los hechos más significativos y que simboliza esa incapacitación del Estado fue impulsado y firmado por los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE- en agosto de 2011 cuando modificaron la Constitución Española, algo que hasta entonces nos habían hecho creer que era prácticamente imposible de hacer. Nos demostraron que cuando hay unos intereses comunes y una voluntad política, aunque pasen por encima de los intereses ciudadanos, las dificultades y los obstáculos desparecen como por arte de magia.
Con esa reforma constitucional el bipartidismo aprobó que primero deban pagarse las deudas y, después, si queda algo, destinarlo al mantenimiento del más que maltrecho Estado del bienestar para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, que pasan a estar en un segundo, tercer o cuarto plano.
El propio Estado se ataba las manos a sí mismo condenando el futuro de 46 millones de españoles a un escenario de incertidumbre. Y lo que se vislumbra tampoco presagia nada bueno. La sacralización del déficit como tótem al que hay que adorar está impidiendo el desarrollo normal y la mejoría de nuestra economía. Están asfixiando nuestras capacidades. Somos conscientes de que el déficit no es algo positivo, algo que nos guste tener porque sí, pero también sabemos que la solución pasa por otras vías alejadas de los recortes y el menoscabo de los derechos ciudadanos. Con los recortes sólo se ha conseguido que haya más paro, más precariedad y más incertidumbre.
El Estado no puede ni debe permanecer inerme, sino que debe preservar y avanzar en derechos para los ciudadanos. Precisamente la no intervención del Estado propició el crecimiento de la ‘burbuja inmobiliaria’, lo que ha desembocado en un agujero financiero inacabable en bancos y cajas. Pese a estos hechos, que son tozudos y conocidos por todos, el PP continúa negándose a crear una comisión de investigación del sistema financiero en el Congreso, tal y como hemos pedido desde IU en sucesivas ocasiones.
Además, es obligatorio mencionar la total desidia del Gobierno en la lucha contra el fraude y la corrupción. En España se hace todo lo contrario. Se implantó una amnistía fiscal totalmente injusta y moralmente reprobable a aquellos que han estado defraudando miles de millones de euros que son de todos, porque son los impuestos que sufragan el Estado del bienestar.
Las políticas puestas en marcha por el PP han resultado extraordinariamente lesivas para los españoles ¿Por qué tienen que pagar los ciudadanos una crisis que ellos no han provocado? ¿Por qué desde el Estado no se actúa en contra de los responsables de esta estafa? En algún momento se sabrá si lo que ocurre es por inoperancia, por incompetencia o por mala fe pero, en cualquier caso, creo que debemos devolver al Estado su credibilidad recuperando políticas que piensen en la ciudadanía y en sus intereses.
Desde IU queremos un Estado al servicio de la mayoría social, de los trabajadores, y no al servicio de las élites dominantes que lo utilizan en beneficio propio. Queremos un Estado fuerte con los defraudadores, un Estado que luche contra la corrupción y el despilfarro.
En Izquierda Unida hemos propuestos durante todo este tiempo otro tipo de políticas radicalmente opuestas a los programas de recortes. Tenemos la certeza de que se puede salir de esta crisis actuando de una manera que no dañe a la gente y que no vaya en contra de los derechos sociales y laborales de los ciudadanos.
Hemos pedido al Gobierno que derogue la reforma laboral. Ha sido admitido a trámite en el Constitucional nuestro recurso contra esta norma que tanto daño está haciendo. Hemos registrado en el Parlamento toda una serie de medidas para frenar los desahucios y promover planes de vivienda con alquileres sociales, especialmente en aquellas entidades bancarias que hayan sido intervenidas por el Estado o que estén recibiendo ayudas públicas.
También hemos puesto sobre la mesa la exigencia de impulsar un Plan de lucha contra la pobreza que resuelva las necesidades básicas que ya tienen muchas personas y presentamos un ambicioso Plan de lucha contra el fraude y una reforma fiscal progresiva que sirva para aumentar el nivel de ingresos y que permitiría contener y reducir el déficit, dotando de recursos los planes de empleo y de viviendas antes mencionados. Y todo ello acompañado por una auditoría de la deuda que sea controlada por el Parlamento, para que podamos saber qué parte es legítima y cuál no. Todo ello es posible, tan ‘solo’ hace falta voluntad política…
