Barcelona sólo contratará a empresas comprometidas con la pobreza energética

El Ayuntamiento de Ada Colau advierte que las condiciones de las adjudicaciones van a estar pensadas en los vecinos y en los clientes de las empresas adjudicatarias. El Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau ha decidido establecer una serie de condiciones en la adjudicación pública del servicio eléctrico para que las empresas adjudicatarias estén, a su vez, obligadas a comprometerse con la pobreza energética y sus clientes.
 
El Consistorio quiere que las empresas de suministro energético contratadas por el Ayuntamiento respeten los derechos humanos y tengan sensibilidad con los vecinos en estado de pobreza energética. Si no lo hacen, el equipo de Ada Colau ya ha avisado que no contratará a esa empresa.
 
“Los temas energéticos han pasado a ocupar una situación central y estratégica en las políticas públicas de la ciudad” asegura el ayuntamiento de la ciudad condal en un comunicado que ha facilitado a los medios. Es conocida la voluntad que tiene el movimiento Barcelona en Comú de realizar una transición en el modelo energético de la ciudad encaminado a la soberanía energética.
 
Para ello, a partir del 25 de marzo de 2017, fecha en el que finaliza el actual acuerdo energético, el pliego de las cláusulas administrativas en la licitación del suministro de energía eléctrica para los edificios públicos incluirá obligaciones como la transmisión de energía 100% verde certificada o “la colocación de placas fotovoltaicas con inyección de electricidad producida a red o autoconsumo”.
 
Las condiciones van dirigidas a los vecinos y las vecinas de la ciudad y a los/las clientes de las empresas adjudicatarias. “Responden a las obligaciones que recoge la misma ley de medidas urgentes en el ámbito de la pobreza energética, marcando como punto de partida irrenunciable la firma del convenio que responda a las necesidades actuales de la problemática y la corresponsabilidad de las empresas suministradoras en la lucha contra la pobreza energética, que a día de hoy, afecta a más de un 10% de la población de nuestra ciudad”, asegura el Ayuntamiento.
 
De esta forma, las obligaciones del contratista son:
 
– Firma de un acuerdo o convenio con Ayuntamiento de Barcelona conforme a lo establecido en el artículo 6.3 Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
 
– Presentar Plan Actuación Anual para adaptar la potencia y la tarifa contratada y al mismo tiempo facilitar el acceso al bono social u otras tarifas sociales y descuentos existentes dirigidos a personas y familias con riesgo de corte eléctrico y situación de riesgo exclusión social.
 
– Previo a efectuar un corte de suministro eléctrico, la empresa suministradora solicitará a los Servicios Sociales Municipales un informe para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una situación de riesgo de exclusión residencial de la Ley.
 
– Informar de los derechos relativos a pobreza energética (Ley 24/2015) en cualquier aviso referente a impagados.
 
– Habilitar mecanismos de información sobre tarifas sociales y las otras ayudas y medidas previstos para hacer frente a la pobreza energética.
 
– La empresa adjudicataria del Lote 1 deberá realizar cada año cursos de formación sobre derechos energéticos y eficiencia energética para clientes de la suministradora: 15 ciclos formativos de 20 horas, para 50 personas cada uno.