Entre el bloqueo político y la rectificación

La investidura de Mariano Rajoy y del PP de los recortes, la financiación y la ley mordaza significa la frustración del ciclo de cambio y la reafirmación del continuismo en minoría. La investidura de Mariano Rajoy y del PP de los recortes, la financiación y la ley mordaza significa la frustración del ciclo de cambio y la reafirmación del continuismo en minoría, pero con la complicidad y debilidad de la oposición. Debilidad del PSOE pero también de la deriva errática de Ciudadanos y de la intransigencia excluyente de Podemos.
 
En consecuencia, se frustra de nuevo el ciclo de resistencias y movilizaciones frente a la crisis y las políticas de austeridad, que si bien ha cambiado el modelo de representación política y buena parte de sus representantes, no ha logrado cambiar los respectivos gobiernos. Cambia la representación pero no cambia el poder político. Se mantiene el tan denostado bloqueo político de la era del PP.
 
Entre el consentimiento y la intransigencia
 
Un consentimiento por parte del PSOE más tradicional que culmina una estrategia de veto a su izquierda y al nacionalismo y que tendrá consecuencias en la continuidad de la política conservadora, pero también en una mayor debilidad de la izquierda en la oposición y en la división de las fuerzas de cambio.
 
Algo similar pudiera ocurrir si las fuerzas del cambio se enredan de nuevo en sus respectivos pulsos y líneas rojas de partido en la oposición. Nada avala que quienes han sido incapaces de trasladar la mayoría de cambio al gobierno puedan coordinarse en la oposición. Es más probable que de nuevo la estrategia del PP y sus propios pulsos y vetos ahonden su división y faciliten una mayoría de geometría variable al gobierno Rajoy junto con Ciudadanos, los nacionalistas y en otros casos situando al PSOE ante la amenaza de otras elecciones anticipadas.
 
El resultado es un cierre en falso del ciclo de resistencias y cambio político. Nada garantiza por ello que la presión de la indignation ciudadana, al no encontrar salida política no se convierta en más frustración, más desafección política y una mayor degradación de vida social y de las relaciones institucionales, en particular en en marco del modelo de Estado Autonómico y en Cataluña.
Porque el único factor común es la irrupción de la nueva representación política.
 
Pero a pesar de su pujanza, y del cambio en la relación de fuerzas en la izquierda, la derecha se afianza en el gobierno y en el poder.
 
La operación Gatopardo de cambiar todo y que todo permanezca ha sido hasta ahora un éxito.
Somos mayoría, sin embargo, los que no asumimos que no se puede hacer nada para cambiar el estado de las cosas, sobre todo cuando ha habido dos oportunidades perdidas de poner en marcha un proyecto alternativo de regeneración y de progreso social. Un proyecto que defienda los derechos sociales y lo público, que ponga en el centro a los trabajadores y subordine los intereses corporativos o de parte.
 
Desde la llegada al poder de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, la derecha neoliberal ha tenido muy presente la lucha de clases. Por eso atacó al Estado social para acrecentar sus beneficios, cercenar los derechos laborales, bajar los salarios, generalizar la precariedad laboral, degradar la enseñanza y la sanidad y desprestigiar a los sindicatos mientras aumentaban las grandes fortunas.
 
Ahora bien, entre los primeros problemas para revertir los efectos de las políticas en curso está la necesidad de un cambio en la relación de fuerzas. Y para que cambie esa relación de fuerzas se requiere un amplio apoyo ciudadano, diversas alianzas y mayor capacidad de movilización, hasta ahora paralizada por la incapacidad de la izquierda para llegar a un entendimiento político. La derecha sabe que la multiplicidad de movilizaciones en su contra carece de suficiente articulación y todavía no tiene un referente político adecuado capaz de proyectarlas en una alternativa solvente.
 
Por supuesto que una alternativa solvente no se construyen en dos días. Pero no queda demasiado tiempo. El riesgo es que el gobierno del PP dure más de una y de dos legislaturas y que, quizás, para entonces el país se haya convertido en un erial en lo social, en la igualdad de oportunidades y hasta en el ejercicio de las libertades y la ética pública.
 
Algo equivalente cabría temer con lo que presenciamos en el sistema sanitario público, en la educación, la justicia y hasta lo que viene anunciándose sobre las pensiones. En suma, aunque todavía quepa decir que el viejo modelo de Estado del Bienestar no está muerto, tampoco puede asegurarse que el nuevo que va perfilando nuestro Gobierno a golpe de recortes y retrocesos no acabe por imponerse. Cabría preguntarse también sobre lo que puede derivarse de reformas fiscales que graviten sobre los impuestos indirectos, o seguir la estela de lo que vemos que ocurre con los servicios sociales, la justicia, la cultura, la investigación, o, en otra dirección, con la consolidada tendencia al aumento de las desigualdades y de los índices de empobrecimiento y de exclusión social.
 
Cuando las fronteras se difuminan y el mundo se convierte básicamente en un gran mercado las respuestas tradicionales no valen. En todo caso, la necesaria recuperación de la soberanía democrática perdida sobre la política económica no pasa por la salida de la UE, sino por un proceso renovado de construcción europea, único capaz de ofrecer alternativas frente a la presión de los mercados financieros globales.
 
Nueva política, viejas divisiones
 
La “nueva política” ha creado artificialmente nuevas disyuntivas con un maniqueísmo innecesario. Ha sustituido la clase por la “gente”, el antagonismo derecha/izquierda por “arriba/y abajo”, “la casta o la élite”/la ciudadanía; ha enfrentado la democracia representativa con la plebiscitaria; y ha menospreciado a los sindicatos como legítima representación de los trabajadores.
 
De manera general, el mundo del trabajo es un mundo que la “nueva política” ignora, cuando no oculta intencionadamente bajo el disfraz de la “gente”.
 
Creían que para ganar la partida bastaban las redes sociales, el liderazgo carismático y la gente empoderada, pero no ha sido así, a falta de proyecto, de propuesta y de programa.
 
Por eso, alejar la ciudadanía de las instituciones representativas, comparar ese ejercicio propio del Estado de Derecho con un golpe mafioso, es un sinsentido que tiene como objetivo cuestionar la legitimidad de la democracia representativa.
 
Del mismo modo hay que rechazar el desprecio que hacia la Constitución, cuya reforma es urgente e incuestionable, mantienen los que la desfiguran y hacen el doble juego de estar dentro y fuera del sistema. Habría que recordarles aquella carta de Togliatti a Pietro Nenni en la que decía, «ha pasado el momento de la agitación al de hacer política».
 
La dinámica perversa según la cual lo prioritario es quedar por encima del otro ha empezado a producir efectos negativos de gran magnitud. Conviene recordar a las formaciones de la izquierda, que pugnan entre ellas por la supremacía mientras dejan a la derecha que aparezca ante la ciudadanía como la única alternativa de gobierno, que la teoría del sorpasso nació en Italia como expresión de voluntad de superación frente a la derecha, no de competencia por la hegemonía en el campo de la izquierda.
 
El corolario de la división de la izquierda ha sido la continuidad de la derecha, con su legado de austeridad, corrupción y autoritarismo y el fracaso del cambio político, enterrado bajo líneas rojas, vetos y hemorragias internas.
 
No nos resignamos
 
El nuevo cuadro político de nuestro país, más allá de la configuración del gobierno permitiría, sin embargo, una mayor versatilidad de las relaciones entre las fuerces políticas y de éstas con la sociedad civil, las organizaciones sociales y los sindicatos.
 
La Izquierda, el Parlamento y la sociedad civil con el sindicalismo de clase son tres pilares complementarios e indispensables para una política de progreso. En la nueva etapa de oposición que se abre, la iniciativa parlamentaria y la movilización ciudadana pueden y deben ser parte esencial del necesario giro político a la izquierda en la política, la economía y lo social.
 
La mejora de las condiciones laborales necesita cambios políticos para que el Trabajo pueda negociar con el capital en condiciones más igualitarias y recomponer el Estado de Bienestar; condiciones que en su día permitieron conquistas como el Estatuto de los trabajadores o el de los empleados públicos, pero también derechos sociales como el sistema educativo, de la sanidad pública la atención a la dependencia o la previsión social.
 
La actual situación política, económica y social exige transformar las estructuras y las leyes en España, y más adelante un proceso constituyente para adecuarlas a las nuevas demandas de los ciudadanos que exigen respuestas a sus problemas reales: Desempleo, corrupción, futuro de las pensiones, reforma laboral, Estado del bienestar, desigualdad, reforma fiscal, educación, sanidad, justicia, financiación autonómica y municipal, así como una salida negociada al conflicto territorial planteado en Cataluña.
 
Hubo, y todavía las hay, posibilidades de una búsqueda para conquistar, aquí y ahora, nuevos espacios de libertad en la actual relación de trabajo y de remoción de la soledad del trabajador subordinado y del consumidor alienado, demediados en su unidad de ser pensante y despedazados en su dignidad. Por lo tanto, de su existencia.
 
Por eso, no nos resignamos.