El Gobierno debería asegurarse de que los bancos usan la barra libre de liquidez del BCE para reactivar el crédito. El pasado jueves, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunció en Francfort que la institución que preside va a tomar medidas excepcionales para hacer frente a las nuevas dificultades que la crisis económica ha provocado en la economía de la Eurozona.
Se trata de decisiones inéditas hasta ahora que quizá vayan en la buena dirección pero que, según muchos analistas, quizá llegen tarde y, probablemente, no van a ser suficientes. Algo que el mismo Draghi reconoció en su comparecencia al insinuar que la autoridad monetaria «no había terminado aquí» o que «estaba listo para nuevas medida extraordinarias».
Su plan intenta animar el crecimiento económico reactivando el crédito y para conseguirlo, entre otras iniciativas, va a poner a disposición de los bancos una nueva barra libre de liquidez de hasta 400.000 millones de euros. De esa manera, Draghi pretende sortear el riesgo de deflación que se han instalado en algunos países, especialmente las castigadas naciones periféricas de la UE como España, y propiciar la creación de empleo.
De momento, sin embargo, no se ha atrevido a poner en práctica un programa de compra de activos, similar a los aplicados por la Reserva Federal de EEUU (FED), al parecer para ‘complacer’ al Bundesbank y adaptarse a las exigencias políticas de la canciller alemana Angela Merkel que lleva ya unos cuantos años impulsando medidas para aliviar la deficiente situación del sector financiero de su país, aún a costa de ahogar las economías de sus socios comunitarios.
Llegados a este punto, una vez más, tal vez sería conveniente que alguien, el propio Draghi, por ejemplo, le recordará a la élite política y financiera teutona que, aparentemente, sigue al mando de las operaciones, que el BCE no es una institución de su exclusiva propiedad. En realidad, pertenece a todos los países del área euro y tiene que poner en práctica estrategias que beneficien por igual a todos sus ‘accionistas’.
Y si el no lo hace, tendría que ser el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy quien lo hiciera. Por varios motivos, aunque el principal es que ha recibido el mandato de los ciudadanos para mirar los intereses de este país y, por lo tanto, hacer valer en los ámbitos e instancias correspondientes la participación del 8,3% que España posee en el BCE. Institución en la que, por cierto, poco después de la llegada del PP al Gobierno, esta nación dejó de tener un representante en el Consejo, a pesar de ser una de las mayores economías de la Eurozona.
Aunque, hay unas cuántas cosas más que Mariano Rajoy también tendría que recordar también. Por ejemplo, el hecho de que el dinero que el BCE va a entregar a los bancos es dinero público.
Una obviedad, si se quiere, pero que quizá no lo sea tanto al referirnos a un político que suele tener dificultades para identificar qué es lo público y qué es lo privado. Y, lo mismo que sucede con casi todos los líderes de su partido, parecen más que dispuestos a que unos pocos gestionen y se beneficien una y otra vez de un patrimonio que es de todos los ciudadanos.
Por eso, si el BCE quiere que se destinen los 400.000 millones de la nueva barra de liquidez que aportará a los bancos en la reactivación del crédito que se concede a las empresas y familias, el poder político debe asegurarse de que sea, efectivamente así. Y,en el caso concreto de España es a Rajoy y a su Gobierno a quienes corresponde extremar todas las cautelas para garantizar que se cumplan los objetivos marcados en la iniciativa.
Sin embargo, de momento, parece que, una vez más, las entidades financieras europeas van a recibir dinero público sin que exista ninguna norma que les obligue a darle un uso concreto. Por ahora, ni el Gobierno español ni ningún otro, al menos que se sepa, han establecido ley o regulación alguna para asegurarse, por ejemplo, de que los bancos no usen estos fondos públicos que reciben del BCE para hacer negocios en su propio beneficio.
Qué es, más o menos, lo que han venido haciendo, al invertir en deuda pública a tipos de interés cercanos al 4%, los préstamos baratos que les concedía la institución que preside Draghi.
