En un comunicado, la compañía se limitaba a afirmar que “Markit ha sido informado de una investigación por parte del Departamento de Justicia de EEUU en los derivados de crédito y los mercados relacionados”. Por el momento, el objetivo concreto de estas investigaciones no ha sido desvelado, pero la agencia Bloomberg indicó que la división antitrust ha enviado avisos este mes a los bancos que controlan Markit Group para determinar si tenían acceso a información privilegiada, según fuentes conocedoras del proceso. La compañía es propiedad de 15 grandes bancos (entre ellos, JP Morgan, Bank of America y RBS), cuatro hedge funds y los empleados de la propia empresa.
La convulsión generada por la crisis financiera otorgó un protagonismo especial a los CDS, que han sido objeto de numerosas críticas por su falta de regulación, y por convertirse en una especie de quinielas que ponían en riesgo por sí solos la supervivencia de algunas entidades financieras. Los planes de los supervisores estadounidenses por estrechar la vigilancia pasan por establecer una regulación en estos mercados, en los que se negocian en la actualidad 592 billones de dólares, o lo que es lo mismo, más de 48 veces el PIB de EEUU. Los CDS acaparan un 7% (47 billones de dólares), una cifra que puede parecer también desorbitada pero que se ha reducido drásticamente.
En sólo seis meses ha caído un 27%, según el Banco de Pagos Internacionales (BIS). Esta aparente caída en el valor de los contratos se debe en gran medida a algo llamado ‘compresión de mercado’. Según afirma el semanario británico The Economist, desde agoto de 2008, los distribuidores de derivados de crédito han ido reduciendo el número de contratos. En este escenario, la Administración de Barack Obama está dispuesta a aumentar la trasparencia y ya ha dado un paso decisivo para fortalecer los mercados de integración vertical, con un plan para eliminar la negociación de los derivados en los Over the Counter Derivatives (OTC).
El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha exigido que en el mercado de derivados haya figuras jurídicas que garanticen la existencia de títulos y el respaldo de reservas de capital. El Tesoro quiere además más poderes de regulación para evitar que se produzcan casos similares como los de AIG, que tuvo que ser rescatada hasta en cuatro ocasiones por el Gobierno, que inyectó en la compañía 182.000 millones de dólares, tras sufrir las consecuencias de los OTC. La aseguradora se vio arruinada por su exposición a derivados totalmente desconocidos.
El mercado de los ‘credit default swaps’, acusado de agudizar la crisis financiera, se multiplicó casi por 100 en siete años. El valor de los contratos de estos derivados alcanzó un récord cercano a los 62 billones de dólares a finales de 2007, según las estimaciones de la International Swaps & Derivatives Association.
