Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia tienen muy difícil sobrevivir al rescate europeo. Analistas consultados por EL BOLETÍN explican que tan pronto como reciban las pertinentes inyecciones de capital y se saneen serán vendidas en su conjunto o troceadas, algo que hasta el momento el Gobierno no ha podido llevar a cabo ante la falta de demanda en sus subastas.
“Estas tres entidades no se han subastado porque nadie las quiere con tanta ‘morralla’ dentro”, explican algunos expertos del sector, que comentan, sin embargo, que “el efecto será el mismo” si primero reciben fondos europeos y después se ponen a la venta, ya que, de todas formas “estaban destinadas a desaparecer”.
Novagalicia y CatalunyaCaixa necesitan entre las dos unos 9.000 millones de euros adicionales, mientras que en el caso de Banco de Valencia, la semana pasada concluyó el periodo de suscripción de su ampliación de capital y apenas acudió a él un 0,1504% del capital de la entidad valenciana. Esto supone que al final el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrá que hacerse cargo de los restantes 998,5 millones. En total, entre la CAM, CatalunyaCaixa, Novagalicia Banco y el Banco de Valencia, llevan consumidos más de 12.000 millones de euros en ayudas públicas.
La intención de Novagalicia ha sido siempre seguir en solitario, a pesar de que necesita una nueva inyección de dinero público para sanearse. No obstante, la entidad que preside José María Castellano quiere combinar las ayudas públicas con la entrada de nuevos inversores privados con los que ha estado negociando en los últimos meses. Estos inversores habían exigido en un primer momento un esquema de protección de activos (EPA), pero la inyección de capital público también podría servirles de salvaguarda.
También se opone a una venta de la entidad el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, principal valedor del proyecto de fusión de Caixanova y Caixa Galicia de la que surgió el banco. Feijóo señaló ayer que la “línea de crédito” de Bruselas posibilita la recapitalización de Novagalicia para mantenerse de forma independiente, “con un futuro propio”. En principio, Novagalicia tiene hasta septiembre de plazo para recomprar su participación al Estado.
CatalunyaCaixa sí se resignó hace tiempo a ser vendida, pero en su caso, las continuas reformas financieras que ha ido aprobando el Gobierno han retrasado el proceso, caso similar al ocurrido con Banco de Valencia, intervenido en noviembre del año pasado.
Un caso aparte es Bankia, que ha reconocido unas necesidades de capital de 19.000 millones de euros, que se sumarán a los 2.465 millones de euros que el FROB convertirá en capital este mismo mes. Dado el tamaño de la entidad, es difícil que pueda encontrar un comprador a no ser que sea troceada, y el Gobierno podría mantenerse en su capital de un modo similar al de Alemania en Commerzbank o Reino Unido en RBS y Lloyds.
Calendario
Más allá de estas entidades, cuya situación es más delicada, es aún una absoluta incógnita en el mercado qué entidades deberán recibir ayudas públicas, ni qué condiciones se exigirán como contrapartida. En los corrillos se comenta que podrían exigirse despidos masivos, cierres de oficinas, suspensiones de dividendos, ventas de activos, más fusiones de bancos o incluso liquidaciones.
Según considera Nuria Álvarez, analista de Renta 4, “aún hay muchas incógnitas”. Hasta el 31 de julio, cuando se haya completado la auditoría independiente de los bancos españoles, no se sabrá que necesidades de capital hay en el sector, y después habrá que saber cuáles son exactamente las condiciones.
“Es una cuestión de timing o calendario”, explica Álvarez, que considera que tras dos reales decretos de reforma financiera, el Gobierno deberá plantear un nuevo calendario a las entidades para que cumplan con los nuevos requisitos de saneamientos antes de que reciban capital público. Por el momento, Banco Santander, BBVA, Banco Popular y Banco Sabadell han descartado que vayan a acudir a esta línea de crédito.
También es pronto para saber si estas ayudas supondrán la medida definitiva para sanear las entidades y recuperar la confianza de los mercados en los bancos españoles, ya que “el cuadro macroeconómico de fondo podría obligar a nuevas medidas regulatorias”.
