Teléfonos móviles que empiezan a fallar al año y cuya reparación resulta altamente costosa, ordenadores que se quedan anticuados en un corto periodo de tiempo, lavadoras que apenas duran una década… Los fabricantes ‘diseñan’ una vida útil cada vez más corta para sus aparatos, lo que se conoce como obsolescencia programada, aunque el primer ejemplo de esta práctica data ya de 1924, cuando los productores de bombillas se aliaron para reducir drásticamente su duración, de las 2.500 a las 1.000 horas. En contraposición al ‘usar, comprar, tirar’, una nueva tendencia está ganando cada vez más fuerza, la ‘alargascencia’, el movimiento que busca dar una segunda oportunidad a los productos, reduciendo con ello el consumo de los recursos naturales.
El término fue creado hace unos años por la asociación ecologista Amigos de la Tierra, como parte de una campaña para fomentar la economía circular: las reparaciones, el reciclaje y la reutilización de objetos rotos, desgastados o en desuso. En este sentido, la web de la iniciativa ofrece un directorio de establecimientos en los que poder reparar cosas, intercambiarlas, comprar de segunda mano o alquilar.
El objetivo de alargar la vida útil de los objetos es evitar la sobreexplotación de materias primas y recursos naturales y la producción de nuevos residuos. Además, supone un ahorro para el bolsillo: según la Fundación Energía e Innovación Sostenible (Feniss), la obsolescencia programada puede llegar a tener un coste de hasta 50.000 euros para un núcleo familiar con cuatro miembros. De media, los electrodomésticos duran entre dos (en el caso de un móvil) y doce años (lavadoras o frigoríficos), lo que obliga por ejemplo a una persona a comprar cuatro o cinco lavadoras a lo largo de su vida. Según los expertos, algunos de estos productos podrían en realidad utilizarse hasta 50 años.
Desde la UE se han dado algunos pasos para poner coto a estas prácticas utilizada por algunos fabricantes para precipitar la inutilidad de sus productos y forzar a los consumidores a adquirir otros nuevos, aunque la situación parece estancada. El año pasado, el Parlamento Europeo aprobó un texto que abogaba por alargar la vida de los dispositivos e impulsar la reparabilidad. La resolución instaba a la Comisión Europea y a los Estados miembros a tomar una serie de medidas para hacer frente a la obsolescencia programada, entre ellas la extensión de los períodos de garantía para reparaciones o incentivos fiscales para dispositivos duraderos, de calidad y fácilmente reparables.
En línea con estas propuestas, organizaciones como Amigos de la Tierra, la Red de Recuperadores de Economía Solidaria (AERESS) o Intermon Oxfam han lanzado una campaña para solicitar una reducción del IVA a las actividades y servicios de reparación, preparación para la reutilización, reutilización y alquiler. “La rebaja del IVA es una realidad en países de nuestro entorno, países como Bélgica, Irlanda, Francia contemplan impuestos reducidos a estos productos”, afirman.
