La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido extraditar a España al expresident catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión como pedía el Tribunal Supremo español.
Según informa Europa Press, la extradición se hará efectiva una vez que sea aprobada por la Fiscalía General de este ‘land’ que, en un comunicado, ha indicado que tomará una decisión al respecto en breve. Entretanto, el tribunal ha resuelto además que Puigdemont siga en libertad.
“En el caso de Carles Puigdemont, se considera admisible la entrega por el delito de malversación de dinero público pero se considera inadmisible la entrega por rebelión. Carles Puigdemont seguirá estando en libertad”, reza el comunicado emitido por el Tribunal Superior de la región de Schleswig-Holstein.
Con esta decisión, los jueces cumplen con la petición de la Fiscalía General regional aunque solo en parte. El Ministerio Público, siguiendo la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión del político separatista como su extradición a España.
La Justicia española reclama a Puigdemont por los actos violentos acontecidos durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, considerado como ilegal. Por ello procesó al líder catalán por rebelión y malversación de fondos públicos en relación con su plan de proclamar una república independiente.
Pero el tribunal regional alemán señala, sin embargo, que los actos que se le imputan al expresidente catalán no se corresponden en Alemania ni con el delito de rebelión ni con el de perturbación del orden público.
Los enfrentamientos en España no alcanzaron la dimensión de violencia tal y como está contemplada en el delito de la alta traición recogido por el derecho alemán, añade el tribunal, que además descarta la culpabilidad por perturbación del orden público porque Puigdemont sólo tenía la intención de que se celebrase el referéndum. No fue un “instigador intelectual” de los actos violentos, indica el escrito.
Según fuentes de Moncloa a este medio, el Gobierno defiende que no se pronuncia sobre las decisiones de los tribunales, españoles y tampoco alemanes, y desea que la justicia “pueda hacer su trabajo con todos los encausados”.
