Todos los partidos políticos españoles, apenas con la excepción del PP, y no al completo, coinciden en que Mariano Rajoy debe abandonar la presidencia de manera inmediata. No se puede aceptar que el líder de un partido condenado por corrupción, con centenares de dirigentes encarcelados, procesados o investigados, y él mismo sin credibilidad incluso ante la Justicia, continúe siendo el jefe del Gobierno de un país democrático, miembro de la Unión Europea y habitado por más de cuarenta y cinco millones de personas que tienen derecho a estar representadas desde el Estado de Derecho y la dignidad colectiva.
Quienes administran el poder y le deben sus cargos defienden su continuidad como si se tratase de una figura mesiánica de la cual depende el bienestar y la prosperidad de todos. Poco falta para que en la defensa de sus poltronas se le empiecen a atribuir milagros tal y como se hacía décadas atrás para justificar la continuidad del dictador. La moción de censura propuesta por el PSOE más que justificada puede decirse que es de manual. En ninguna democracia seria sería puesta en duda. La oposición política no es decorativa ni un premio de consolación, tiene obligaciones y una es actuar como proceda en cada momento.
Y en este momento, es evidente que lo que procede es hacer algo dentro del marco constitucional, de las leyes y de la ética para salvar al país de esta anormalidad. Otros partidos, como Ciudadanos y Podemos, se plantean lo mismo. Todos están en su derecho. Lo lamentable que es que lo estén planteando desde estrategias pre electorales que de alguna manera desvirtúan sus argumentos y amenazan a sus iniciativas con el fracaso. Es una pena qué igual que algunos se unieron para salirle al paso al secesionismo catalán, no se unan ahora para encontrar una solución a una encrucijada que desde la defensa de la dignidad y buena imagen nacional debe ser salvada.
El Partido Popular en su desesperación y el Gobierno en su afán por conservar el poder a costa de lo que sea intentan descreditar a quienes cumplen con su función recurriendo a los resortes de la Ley y la buena práctica democrática argumentando que con ello causan graves trastornos a la evolución económica. Pero, cabe preguntarse, ¿desde cuándo la economía es, y desde luego sin desdeñar su importancia, la única razón para orientar el sentido de la actividad pública? ¿Acaso no cuentan otros factores? Todo lo que está ocurriendo es consecuencia de actividades económicas ilícitas de algunos empresarios y de la predisposición de la corrupción de muchos líderes.
¿Qué es lo que se pretende desde el poder, seguir dando carta blanca a quienes se lo llevaron crudo a Suiza para que sigan enriqueciéndose a costa de los demás? La labor de los jueces, que en el colmo es puesta en duda nada menos que por la ministra de Defensa, es cumplir con su función, igual que la cumplen los políticos que fueron elegidos por el pueblo precisamente para vigilar que el Gobierno cumpla con sus deberes y no utilice los resortes del poder para engañar, para obtener beneficio personal ni siquiera para satisfacer orgullos a las que sus miembros no se hayan hecho merecedores.
