La tensa relación entre el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y las compañías del sector eléctrico se han acentuado tras las últimas medidas adelantadas esta semana por el ministro. El departamento propondrá un recorte a la retribución que reciben estas empresas por las actividades reguladas, como el transporte y distribución y pretende que sean las eléctricas las que asuman el coste del desmantelamiento de las nucleares.
Según ha explicado Nadal durante su comparecencia el pasado miércoles en el Congreso para dar explicaciones por la subida del precio de la luz y la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la indemnización por Castor, está preparando una reforma para aplicar a las eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución que permitiría recudir los costes de ambos sistemas en unos 200 millones de euros.
La mayor parte de los recortes se centrarán en las actividades de transporte y distribución, donde, según el ministro, existe una “sobrerretribución”. El mayor impacto sería para el sector eléctrico, mientras que para las gasistas alcanzaría los 275 millones.
Las eléctricas ya han pedido una reunión con el Ministerio, que se producirá el próximo lunes. En un comunicado, las patronales Aseme, Cide y Unesa han amenazado con frenar sus inversiones como consecuencias de estos recortes. “Cabe señalar que el volumen de inversión anual de las empresas distribuidoras en España supera los 1.100 millones de euros”, apuntan, y advierten que “alterar el entorno regulatorio puede condicionar la consecución” de los objetivos de desarrollo de las redes digitalizadas, entre otros aspectos.
Por otro lado, el ministró también avanzó durante su intervención que planteará al Congreso un cambio normativo para que la responsabilidad de desmantelar las centrales nucleares pase de la empresa pública Enresa a las compañías privadas propietarias. Para hacer frente al coste, las empresas contarían con la parte correspondiente del fondo que Enresa tiene dedicado a financiar el cierre de las centrales nucleares, que ya contempla de las aportaciones de las eléctricas.
Respecto a la clausura de centrales, Nadal también mantiene otro rifirrafe con las compañías después de que Iberdrola anunciara su intención de cerrar las térmicas de carbón que aún tiene abiertas en España. Unos días después, el Ministerio de Energía activó un decreto que endurece las normas para el cierre de centrales de generación eléctrica.
La norma ha sido muy criticada por el sector, por la oposición política y por los ecologistas, aunque ha recibido el respaldo de las regiones de se ubican las dos centrales de Iberdrola. Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechazó el decreto al considerar que es contrario a la normativa UE y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones.
Pero la mala relación entre Álvaro Nadal y las eléctricas viene de antes. Como aseguraba hace años el expresidente de una de estas grandes compañías, el sector siempre recibe con entusiasmo la llegada de un nuevo ministro de Energía, pero la buena relación apenas dura unos días. En este caso, la primera disputa llegó con la financiación del bono social.
La norma anterior al respecto fue tumbada por el Tribunal Supremo en 2016 tras el recurso de las eléctricas. Tras un largo recorrido, la nueva regulación al respecto vio la luz este otoño, que obliga a las empresas comercializadoras a financiar el bono social, en función de su cuota de clientes. Las grandes eléctricas y algunas más pequeñas ya han presentado sus recursos contenciosos-administrativos contra este real decreto.
