Vivir para trabajar o trabajar para vivir. La máxima sobre la que muchos trabajadores reflexionan cuando llega la hora de volver a casa no es extrapolable a toda la clase trabajadora. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2017 hubo 569 trabajadores (entre enero y noviembre) que murieron mientras trabajaban.
Los datos provisionales del Ministerio reflejan que en 2017 hubo de media 11 trabajadores muertos a la semana. Trabajadores que murieron en su puesto de empleo o trasladándose de él hacia otro lugar (itínere).
A falta de conocer los datos oficiales que maneja el equipo de Fátima Báñez, 569 muertos en once meses supone un incremento del 7% en comparación con el año anterior.
En el periodo enero-noviembre 2017 se produjeron un total de 542.222 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 468.781 ocurrieron durante la jornada laboral y 73.441 fueron accidentes in itínere. De los 468.781 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, se registraron 3.505 accidentes graves, 227 más que en el mismo periodo del año anterior.
Los sectores más proclives a estos denominados accidentes, la construcción, la agricultura, la industria y los servicios. Sin ir más lejos, este miércoles falleció un trabajador en el Puerto de Bilbao.
¿Son solo accidentes?
Cada vez que una noticia refleja la muerte de un trabajador durante su jornada laboral suele simplificarse a un ‘accidente’ que ha costado la vida de una persona. Sin embargo, para muchos sindicatos y, por supuesto, para muchos trabajadores, la realidad que se esconde tras ese ‘accidente’ resulta opaca para los medios.
“El incremento de los accidentes graves que se ha producido de forma continuada a lo largo de todo este año refleja como la gestión de la prevención en las empresas sigue siendo deficiente”, afirmó la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, a los medios hace unos días.
Muchas empresas prescinden de la seguridad laboral en aras de una mayor rentabilidad. El problema es que esa práctica se traduce en un riesgo mayor de muerte en el puesto de trabajo sin grandes consecuencias legales para la compañía.
En ese sentido, CCOO pide que desde la Fiscalía y el Poder Judicial se fortalezca su papel en la depuración de las responsabilidades en la vía penal, porque “además de ser moralmente necesario el resarcimiento de las víctimas es también un potente instrumento preventivo”.
