“Me interesa el futuro, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”. Esta frase de Woody Allen, a la vez, divertida e inteligente, es una buena forma de resumir el sentir del sector renovable respecto a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE).
No es ninguna noticia ya, el maltrato que las energías renovables han recibido en el Boletín Oficial del Estado. Desde recortes retroactivos a la retribución, que han provocado que los tribunales nacionales y los arbitrajes internacionales se llenen de reclamaciones contra el Estado, hasta la velada amenaza del ministro Nadal de que podría recortarse la rentabilidad razonable de las instalaciones, pasando, por supuesto, por una moratoria renovable que no solo paralizó al sector durante cinco años sino que nos despojó de cualquier ambición de liderar la transición energética mundial.
Para los que no sigan el día a día del sector renovable, algunos apuntes a modo de recordatorio. En el período 2013-2016, los costes regulados del sistema eléctrico han sido tratados de manera muy distinta, mientras la retribución a las energías renovables ha disminuido un 21%, los costes de distribución han aumentado un 1% y el transporte un 7%, todo ello con un volumen de electricidad similar (que no justifica el aumento de la retribución de transporte y distribución) y una mayor presencia de renovables en el sistema.
El recorte a la retribución renovable no ha pasado desapercibido para los inversores, que han visto como sus proyectos – muchos de ellos con fuerte apalancamiento – han perdido gran parte de su valor y eso cuando no se han vuelto deficitarios. Resultado de esto, es que España es líder mundial en querellas internacionales en las cortes de arbitraje. En sede parlamentaria, el Gobierno reconoció que existen 38 denuncias contra el Reino de España que, en su conjunto, superan los 7.000 millones de euros reclamados.
Las reclamaciones internacionales no son las únicas, dado que los inversores nacionales también denunciaron. En su caso, el periplo judicial terminó en el Tribunal Supremo, donde los inversores perdieron de forma ajustada. Tres de los siete magistrados del Supremo consideraron que la reglamentación denunciada era retroactiva e incompatible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Acusaciones de magistrados que, junto a la multitud de reclamaciones internacionales, debería haber hecho recapacitar al Ministerio. Nada más lejos de la realidad.
A futuro, se ha anunciado la intención de modificar la rentabilidad razonable de las instalaciones – un concepto que introdujo el propio Ministerio – tratando de establecer de forma unilateral unas modificaciones que la regulación establece que “se fijarán por Ley”. Más y más piedras que se ponen ante el futuro renovable de nuestro país.
Por lo tanto, el sector espera con impaciencia la LCCTE, el próximo tren que pasará por la estación camino a la transición energética. Un camino que todo el mundo está recorriendo por delante que nosotros: el 55% de la nueva potencia instalada a nivel mundial fue renovable en 2016. Una potencia que aumentó un 9% a pesar de que la inversión fue un 23% menor. Algo que se consigue porque las renovables son, cada vez, más baratas. Eólica y fotovoltaica han reducido sus costes un 66% y un 85% respectivamente durante los últimos siete años. La apuesta mundial por las renovables no es únicamente por la búsqueda de la sostenibilidad sino por el ahorro en costes que suponen respecto a las tecnologías fósiles.
Es hora de que el Gobierno apueste sin dudas por estas tecnologías. Si vamos a poner sobre la mesa una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, es necesario que los distintos partidos políticos, con el que gobierna a la cabeza, crean de verdad en que vamos a acometer una transición energética.
Si no abandonamos los discursos vacíos en los que se enumeran las cualidades de unas y otras fuentes energéticas como si pasáramos lista en clase, jamás podremos acometer nuestra propia transición energética y mucho menos liderar la que se está produciendo a escala mundial. No podemos ya seguir poniendo al mismo nivel energías que nos acercan a nuestros objetivos con aquellas que nos alejan. No es lo mismo aquellas que en 2016 exportaron 2.793 millones de euros que aquellas que lastraron nuestra balanza comercial con la pérdida de más de 19.000 millones de euros en divisas. Deberían tener un tratamiento distinto las renovables que son autóctonas y limpias, que aquellas que agravan nuestra dependencia energética y contaminan, acrecentando el problema del cambio climático.
Es necesario que la LCCTE establezca una hoja de ruta clara de hacia dónde queremos ir y, sobre todo, de hacia dónde no. Que fije un marco regulatorio estable y predecible para volver a atraer – y no a ahuyentar – las inversiones. La LCCTE debe acometer la integración de renovables en sectores difusos, donde las renovables térmicas y para el transporte tengan el peso que se merecen en nuestro mix. Que establezca mecanismos de apoyo para que las renovables que aún no son competitivas puedan recorrer el camino que eólica y fotovoltaica recorrieron antes. Que marque, de una vez por todas, la senda de recuperación de un sector renovable que liderará todas las revoluciones tecnológicas del siglo XXI.
José María González Moya, director general de APPA Renovables
