Los taxistas ya se han pronunciado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictamina que Uber es un servicio de transporte y no un simple aplicación digital intermediaria y que, por tanto, debe operar con licencia. Fedetaxi, la asociación mayoritaria del gremio en España exige a las administraciones que comprueben todos los servicios realizados por la compañía desde 2014 y que sancione todos los casos en los que ha funcionado sin la autorización pertinente. Según sus cálculos, las multas ascenderían a más de 5.000 millones de euros.
Según explica la organización, “la Inspección de transportes terrestres, delegada en las Comunidades Autónomas por el Ministerio de Fomento, puede solicitar a las empresas que son subcontratistas de la empresa de transportes Uber para realizar sus servicios de VTC, o a esta misma, todas las ‘hojas de ruta’ que hayan realizado en España”, para poder comprobar si la multinacional estadounidense “ha cumplido con los requisitos legales como una empresa de transportes”. De no ser así, recuerda Fedetaxi, “la obligación de las administraciones autonómicas es incoar el correspondiente expediente sancionador, tanto por ausencia de autorización de transporte como por el restante cúmulo de infracciones que hubieran llevado a cabo”.
La cuantía de las multas que podría recibir la compañía oscila entre los 400 y los 600 euros por cada uno de los trayectos realizados. La suma, según el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, “solucionaría en gran parte el déficit público de las comunidades autónomas”. “Si los gobiernos autonómicos actúan como deben y los taxistas, como afectados y contribuyentes esperamos, la elusión fiscal y la precariedad que estas compañías hubieran podido practicar, tendría un efecto cero en la economía nacional” lo que sería un “mensaje potente de cara a todas estas multinacionales extractivas de la falsa economía colaborativa”, asegura en un comunicado.
El TJUE estima sobre Uber en su sentencia que “debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de ‘servicio de la sociedad de la información’, sino a la de ‘servicio en el ámbito de los transportes’”. Responde así a una consulta realizada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, a raíz de una demanda interpuesta por la Asociación Profesional Elite Taxi de la Ciudad Condal contra Uber en 2014. Aunque el procedimiento se refería en concreto al servicio UberPop, una modalidad que recurría a conductores no profesionales y que Uber ya no ofrece en España, los taxistas entienden que “los efectos de tal declaración se extienden en el tiempo desde la entrada de Uber en España hasta la actualidad”.
“Uber siempre ha sido una empresa de transportes en España” y, por tanto, la Comunidad de Madrid y en Cataluña están obligados a revisar todos los trayectos realizados por la empresa, también los desarrollados antes de que la compañía abandonara temporalmente se actividad en nuestro país a finales de 2014. Esos servicios sí que respondían al modelo UberPop, que no contaba con autorizaciones.
La asociación gremial ha recibido el fallo del tribunal con sede en Luxemburgo con “enorme satisfacción” y anuncia que estudiarán tomar medidas legales en las próximas fechas.
