Durante 2017 no sólo han disminuido las familias madrileñas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) sino que los beneficiarios de esta prestación han tenido más trabas para cobrar esta ayuda que les resulta imprescindible por carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida.
La plataforma ‘RMI Tu derecho’ achaca este endurecimiento de las condiciones y la ‘carrera de obstáculos’ a la que se enfrentan las personas en situación de pobreza extrema o severa de la Comunidad de Madrid, al intento de reducir el gasto en esta partida por parte del Gobierno de Cristina Cifuentes, pero también a la sobrecarga de trabajo que sufren los servicios sociales municipales ya que los ayuntamientos no pueden contratar más personal por culpa de la regla de gasto, es decir de la llamada ley Montoro.
La voz de alarma la dan a los 20 colectivos que integran la plataforma ciudadana ‘RMI Tu Derecho’ que denuncian que la evolución de la gestión de dicha prestación durante este año ha sido muy negativa, ya que no sólo se han restringido las ayudas a estas personas en situación de pobreza extrema o severa sino que han aumentado las suspensiones cautelares.
Dicha plataforma ha detectado que desde febrero 2017 ha habido “una clara tendencia a la disminución del número de familias perceptoras de RMI: en diciembre 2017 fueron 729 menos que en diciembre 2016 y 1048 menos que en enero 2017”. Además, se quejan de que se ha hecho un “uso abusivo y arbitrario de las suspensiones cautelares del cobro de la prestación, dañando a las familias afectadas”, ya que se han suspendido de manera cautelar 3.525, lo que supone un aumento del 47% respecto a 2016, es decir 1.119 suspensiones preventivas más”.
Para demostrar el endurecimiento de los requisitos y que se ha restringido la concesión de RMI explican desde la plataforma que “en 2017 se han tomado más resoluciones iniciales que en 2016, pero las resoluciones de concesión han sido 2270 menos”. Y precisan que en 2016 éstas fueron el 50% de las resoluciones iniciales, en 2017 un 34%, en su 2º semestre un 28% y en su 4º trimestre un 26%.
Carlos Pereda, portavoz de ‘RMI Tu Derecho’, afirmó en declaraciones a EL BOLETIN que esta situación es más grave dado que las prestaciones son insuficientes, ya que en la Comunidad de Madrid cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI) 30.000 familias (unas 100.000 personas) cuando hay más de 300.000 personas en la región en situación de pobreza extrema o severa.
Pereda dice que habría que preguntar al Gobierno de la Comunidad por qué este cambio de rumbo respecto a 2016 si no ha habido cambios normativos pero aclara que la plataforma tiene la impresión de lo que la Consejería de Políticas Sociales y Familia lo hace para reducir el gasto.
En 2017 se han utilizado prácticas y criterios de gestión más restrictivos y a veces arbitrarios o irregulares, con el implícito objetivo político de limitar el número de prestaciones y el presupuesto ejecutado. Éste aumentó un 32% en 2016 y sólo un 5% en 2017, pero además la nómina de diciembre 2017 ya fue casi 200.000 euros menor a la de un año antes, mientras que la de enero de 2017 había sido casi tres millones de euros superior a la de enero 2016.
“Delirio restrictivo” y burocracia
Este colectivo da algunos ejemplos del “delirio restrictivo” y los “disparates” que están sufriendo los beneficiarios de la RMI por parte de la Administración: “Atribuyen a las familias ingresos no computables según el reglamento vigente, como las ayudas de emergencia de familiares y amistades; hacen suspensiones cautelares por ‘posesión’ de propiedades… vendidas hace muchos años, o por tener un ingreso en cuenta… que era la propia RMI del mes; han pedido certificaciones del SEPE a niños de 13 años y han denegado la prestación por abandono de empleo a mujeres que se tuvieron que acoger con sus hijos en un centro de la propia Comunidad de Madrid”.
Y se quejan de que “especialmente dañinas están siendo las suspensiones cautelares, que implican quedarse de repente sin unos ingresos de supervivencia y sin que en la notificación, si se recibe, haya información adecuada sobre las causas, por lo que en muchos casos es imposible saber por qué te han quitado salvo que en el Centro de Servicios Sociales puedan aclarártelo”. Con el añadido de que “mientras dure la suspensión cautelar también se pierden derechos adicionales, como la financiación pública plena de los medicamentos”.
Carlos Pereda dicen que ante todas estos problemas y trabas las familias tienen difícil obtener información y asesoría para responder adecuadamente y a tiempo a los requerimientos de la Comunidad de Madrid, que descarga esa tarea sobre los Centros de Servicios Sociales municipales que están “infradotados porque el Gobierno no permite a los ayuntamientos contratar trabajadores sociales y tienen mucha carga de trabajo también con la Dependencia”.
“¿A quién preguntas si recibes una carta de la Comunidad de Madrid dando 10 días de plazo para algo que no entiendes y en los servicios sociales sólo te dan cita para dentro de dos meses?” se quejan desde la plataforma que hace notar que “entre las familias afectadas crece la sensación de indefensión y de estar ante una maquinaria administrativa que no protege sus derechos sino que los tritura”.
