Solo 12 empresas del Ibex 35 evalúan el cumplimiento de los derechos humanos en sus centros de su actividad

70 Aniversario de la Declaración de Derechos Humanos

Solo 12 empresas del Ibex 35 evalúan el cumplimiento de los derechos humanos en sus centros de su actividad

La Red Española del Pacto Mundial advierte que el cumplimiento de los derechos humanos por parte de sus proveedores y la protección de la población autóctona son las signaturas pendientes de las grandes compañías con presencia internacional.

Derechos humanos

Solo 12 compañías del Ibex 35 llevan a cabo evaluaciones de derechos humanos en sus centros de actividad, lo que representa el 34,28% de las empresas del selectivo según informa la Red Española del Pacto Mundial. A pesar de que el número es todavía escaso, esta entidad -que apoya, promueve y difunde la incorporación de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en la estrategia y la práctica diaria de las empresas, considera que “el dato presenta un importante potencial de mejora, ya que supone un aumento muy considerable respecto a 2016, cuando se situaba en el 22%”.

Dichos datos que se han presentado coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebra hoy, se extraen de un análisis que la Red Española de Pacto Mundial ha realizado a partir de las memorias de sostenibilidad de las compañías que componen este índice bursátil, un análisis que evidencia que todavía se reporta poca información cuantitativa. De hecho, y según esta entidad, de las cuatro áreas definidas en los Diez Principios Rectores del Pacto Mundial de las Naciones Unidas –derechos humanos, trabajo, medioambiente y anticorrupción–, los derechos fundamentales son el menos trabajado.

Esta red que ayuda a que las empresas integren los derechos humanos en su modelo de negocio recuerda que “la Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito en la historia, ya que por primera vez se establecen los derechos fundamentales que deben protegerse por parte de todos los agentes sociales. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Subrayando que “ahora que entramos en la celebración de su 70 aniversario, existe un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de que las organizaciones de todo tipo impulsen estos derechos”. “Un acuerdo en el que recalca la acción del sector privado es fundamental”.

Reconoce que “sin embargo, y a pesar de su creciente compromiso, estamos ante un reto que aún presenta claroscuros entre las grandes empresas de nuestro país” y advierte que la sensibilización interna es uno de ellos, pero 19 de las 35 compañías analizadas (54,3%) no reflejan en sus memorias ningún tipo de formación en esta materia a su plantilla. Y avisa que este indicador experimenta un retroceso respecto al pasado año, cuando se situaba en el 45%.

“Tenemos que seguir insistiendo en esta materia para alcanzar una implicación global. No obstante, es necesario aclarar que la sensibilidad interna no es suficiente. También hay que trasladar esta cultura a toda la cadena de suministro, indica Isabel Garro, directora general de la Red Española del Pacto Mundial. Las grandes compañías de nuestro país son conscientes de esta necesidad, y 23 empresas (una más que en 2016) ya analizan el grado de compromiso de sus proveedores. A pesar de ello, solo 13 informan sobre los impactos de su propia actividad en su cadena de suministro.

Otro indicador del informe hace referencia a los mecanismos de reclamación, en línea con el eje central del VI Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que se celebró del 27 al 29 de noviembre en Ginebra (Suiza). En este sentido, destaca el hecho de que el 57% de las empresas del Ibex 35 ya ofrece información sobre este tipo de procedimientos, así como del número de reclamaciones abordadas y resueltas.

A pesar de que 23 compañías del Ibex analizan la implicación de sus proveedores en la defensa de los Derechos Humanos, únicamente 13 de ellas informan sobre los impactos de su propia actividad en su cadena de suministro.

Por otro lado, movimientos como la globalización están aumentando la presencia internacional de muchas compañías, evidenciando otro riesgo: la vulneración de los derechos de la población autóctona. Y alerta que aunque 29 de las 35 corporaciones del Ibex tienen actividades en países con pueblos indígenas, únicamente el 34% proporciona información acerca de su impacto sobre ellos.

La Red Española del Pacto Mundial recuerda que “con el objetivo de fomentar iniciativas concretas del sector privado en la gestión de riesgos a nivel local, el pasado julio España aprobó su Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, un documento que recoge la responsabilidad de proteger los derechos humanos especialmente frente a cualquier impacto de la actividad privada. “Es una medida que veníamos reclamando desde hace años, debido a la capacidad del tejido empresarial para implantar una cultura transversal favorable a esta temática”, señala Garro. De hecho, el plan desarrolla el proceso de debida diligencia, que es la parte clave de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Garro considera que “sin duda, la implementación de esta hoja de ruta entre las empresas de nuestro país supondrá un importante avance en materia de derechos humanos” aunque considera que el reto está en trasladarlo a las pymes. “El 99% del tejido empresarial español debe participar de este proceso, hay que dar incentivos y facilidades”, concluye Garro.

Con la intención de ahondar en los nuevos desafíos a los que la sociedad actual debe de hacer frente para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, la Red Española de Pacto Mundial coorganiza el lunes 11 de diciembre la primera edición del Foro Internacional de Derechos Humanos: de lo global a lo local.

Se trata de una cita en la que expertos en la materia examinarán cómo el cambio climático y la pobreza tienen un impacto directo sobre estas garantías universales, debatirán sobre cómo influye esta materia en el desarrollo de las ciudades y profundizarán en el papel del sector privado. El evento, que contará con la presencia de Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, se celebrará a partir de las 09:00 h. en el Auditorio de la Fundación Rafael del Pino.

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