El 90% de las grandes empresas españolas recurren a subcontratas para adelgazar su estructura y reducir costes. Según el último análisis de Oxfam Intermón sobre las compañías del Ibex 35, la inmensa mayoría de empresas que facturan más de 12 millones de euros apuestan por concentrarse en el núcleo de negocio de su actividad principal y externalizar el resto de funciones, “muchas de ellas esenciales para el objetivo empresarial”.
En teoría, el marco legal fija determinadas condiciones para que las empresas no puedan buscar fuera trabajadores que realizan tareas imprescindibles del propio negocio. Pero en la práctica vemos cómo decenas de cadenas hoteleras externalizan a limpiadoras y camareras de piso que mantienen el trabajo básico del sector.
El informe de la ONG denuncia que la laxitud de la ley permite “que una empresa contrate a otra que, sin actividad real propia, tiene únicamente como función proveerle de trabajadores con condiciones salariales y laborales distintas –y peores– que las de sus trabajadores propios”.
El informe recuerda casos emblemáticos de estas prácticas en el Ibex: una multa de la Generalitat de Cataluña a Indra de 185.000 euros o las denuncias de un grupo de trabajadores de Telefónica, que acusaba a la empresa de usar “una nebulosa de contratas, subcontratas y falsos autónomos que precarizaba el empleo y reducía salarios”, y que se saldó con una sanción de 3 millones de euros.
“Ante la naturalización de este tipo de prácticas y por el miedo al desempleo, los trabajadores no denuncian”, lamenta el informe de Oxfam, que pide una inspección de trabajo fuerte, con más medios y voluntad política.
Las empresas multiservicio, aquellas que ofrecen a sus clientes servicios que van desde seguridad y mantenimiento a cuidados a domicilio o gestión de residuos, son para Oxfam “una vuelta de tuerca más en cuanto a prácticas agresivas de reducción de la masa salarial a través de la subcontratación”. Un apretón más porque, a diferencia de las Empresas de Trabajo Temporal, las empresas multiservicio “reducen costes al no estar obligadas a pagar a sus empleados lo mismo que reciben los trabajadores de la empresa cliente, pero, además, muchas se han descolgado de los convenios sectoriales, sustituyéndolos por convenios propios con categorías laborales y salarios más bajos”.
Porque hasta la reforma laboral de 2012 los convenios sectoriales pactados entre patronal y sindicatos primaban sobre los convenios de empresa. Estos últimos sólo podían mejorar los del sector, nunca empeorar sus condiciones. Pero el nuevo Estatuto de los Trabajadores permitió a las empresas descolgarse de los convenios sectoriales y crear uno propio.
“Unos 50.000 trabajadores y trabajadoras en España están adscritos a convenios propios de empresa multiservicio”, explica el informe. Su lógica era, según los argumentos de los Gobiernos de PSOE y PP, permitir a las empresas ser más flexibles en tiempos inciertos. “Tras 4 años de aumento del PIB y de beneficios de muchas empresas, este argumento no es válido, y más teniendo en cuenta que esta reforma ha limitado considerablemente el poder de negociación de los sindicatos”, critica Oxfam.
Como las empresas del Ibex no son una excepción sino acaso la norma, hay varias vías que estas grandes cotizadas desploman los salarios y precarizan a los trabajadores externos, normalmente en el menor nivel salarial de la cadena productiva: contratando a empresas multiservicios, concediendo a la baja sus licitaciones o, directamente, constituyendo una empresa multiservicio dentro de su grupo.
El mismo trabajo por un 40% menos de sueldo
La primera opción para abaratar costes es, obviamente, contratar multiservicios: desde la reforma laboral de 2012 el número de trabajadores empleados por una multiservicio ha crecido en un 70% y su cuota del mercado de servicios a empresas no ha parado de aumentar situándose ahora mismo en un 20%, según Oxfam.
“Es difícil encontrar a alguna empresa del IBEX que no recurra a estas empresas, pero la que más utiliza esta práctica es Meliá Hoteles. Los distintos convenios de hotelería de cada provincia sitúan a las camareras de piso en un grupo 4 con un salario que ronda los 1.200 euros brutos, complementos incluidos. Eso es aproximadamente lo que estaban ganando las 43 trabajadoras que los hoteles Meliá Barajas y Meliá Alameda despidieron en 2014, para luego contratar a 52 trabajadores a través de la subcontrata Lloyd Outsourcing”, relata el informe, que recuerda que esta empresa cuenta con convenio propio, que les permite pagar a estas trabajadoras únicamente el salario mínimo interprofesional. Una reducción salarial por el mismo empleo de un 40%.
Otra gran vía es pujar a la baja: el informe recuerda que las multiservicio permiten bajar los salarios a las empresas, lo que contribuye en el afán de las compañías de ser más competitivas a la hora de presentarse a licitaciones: “ Esta lógica es la que está detrás del conflicto que estalló recientemente en el aeropuerto de El Prat entre los trabajadores de seguridad y la empresa multiservicio Eulen, contratada por la empresa semipública del IBEX, Aena”.
En este conflicto laboral, Eulen se presentó a la licitación del servicio de seguridad del aeropuerto de Barcelona con una oferta un 2% más baja que Prosegur, empresa que en ese momento gestionaba la seguridad. Esa rebaja acabó reflejándose en las condiciones laborales de los trabajadores que perdieron una serie de complementos.
Aena gestiona 45 aeropuertos y la seguridad está externalizada a distintos proveedores, lo que conlleva que “trabajadores que hacen lo mismo tengan distintos salarios, no por ninguna peculiaridad de su trabajo, sino por las condiciones en las que se licitó el servicio”. El análisis de la ONG recupera los datos de este conflicto: Aena tuvo un beneficio de 1.164 millones en 2016. A pesar de ello, un trabajador de seguridad de El Prat gana ahora entre 200 y 300 euros menos de lo que ganaba antes de que el servicio cayera en manos de Eulen.
En tercer lugar, las grandes empresas pueden optar por montar su propia multiservicio: Ferrovial, ACS y Acciona tienen su propia multiservicio. “Son, mayoritariamente concesionarias de licitaciones públicas en las que la oferta económica pesa mucho a la hora de decidir quién se lleva el contrato”, recuerda Oxfam. Se remite al caso de los contratos de limpieza viaria y jardinería que el Ayuntamiento de Madrid otorgó en 2013 y que supusieron una rebaja del precio de adjudicación en 1.944 millones.
“Las grandes constructoras que ganaron la licitación anunciaron posteriormente fuertes reducciones en las plantillas. Recientemente el Ayuntamiento ha tratado de evitar que estas prácticas se puedan volver a dar y, para el contrato de recogida de basuras que ha firmado este año, entre otras, las multiservicios de Ferrovial y la de ACS, ha incluido una cláusula social por la que se otorgaban 10 puntos por la mejora de las condiciones laborales”.
