Los funcionarios del Estado cobran un 25% menos que los autonómicos, según CSIF

Empleo público

Los funcionarios del Estado cobran un 25% menos que los autonómicos, según CSIF

El sindicato denuncia “la discriminación de un colectivo de 230.000 personas, que se sienten maltratadas por el Gobierno central”.

Manifestación del CSIF

La Administración General del Estado paga de media un 25% menos a sus empleados públicos que las comunidades autónomas por el mismo puesto, según un informe de CSIF, que denuncia que esta situación “pone de manifiesto la discriminación de un colectivo de 230.000 personas, que se sienten maltratadas por sus responsables, en este caso, el Gobierno de España”. Según el sindicato, estas diferencias retributivas oscilan entre los 1.000 euros menos que cobra un personal laboral en labores de mantenimiento y servicios; y los 21.600 euros de menos que cobra un funcionario A1 (titulado superior) respecto al País Vasco.

Con la disminución de efectivos, desde 2010, se ha producido una pérdida de masa salarial acumulada de 1.657,7 millones de euros que podría invertirse en esta equiparación salarial, opina el sindicato.

CSIF recuerda que el conjunto de las administraciones públicas ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 20% en los últimos años como consecuencia de los recortes que, en el caso de la Administración General del Estado, padece un desfase adicional que es preciso compensar de manera paulatina. CSIF quiere, con esta denuncia, que el Gobierno retome las negociaciones en materias salarial, que se interrumpieron en septiembre por la crisis catalana, o de lo contrario no descarta iniciar movilizaciones.

En este sentido, el sindicato ha iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios. Hoy tiene previsto un encuentro con el PP y en los próximos días se verá con Ciudadanos, tras haberse reunido ya con Podemos y PSOE. El propio presidente del Gobierno señaló recientemente a medios de comunicación la conveniencia de equiparar los salarios entre Administración General del Estado y Comunidades autónomas, al igual que se pretende hacer en el caso de Guardia Civil y Policía.

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