El Ayuntamiento de Madrid se ha personado en el proceso penal abierto en el juzgado de Madrid respecto a las conversaciones de un chat de WhatsApp de policías municipales de Madrid en el que varios agentes vertieron insultos contra políticos, periodistas y consignas xenófobas y racistas.
El consistorio entiende que los comentarios pueden tipificarse como delitos de odio contra diversas personas, entre ellas la propia alcaldesa, Manuela Carmena, a la que calificaban de “vejestorio despreciable”, llegando a lamentar que no hubiese sido víctima del atentado que acabó con la vida de sus compañeros en el bufete de Atocha, según los extractos de las conversaciones que publicó eldiario.es.
En otras partes, los agentes llegan a ensalzar la figura de Hitler al tratar el tema de la inmigración, fantasean con poner bombas en Lavapiés o insultos a inmigrantes como “hijos de puta, los moros”, “yo los tiraba al mar, comida para peces”.
Un juzgado de Madrid investiga estos insultos y pidió información al propio consistorio para identificar a los agentes. El grupo de WhatsApp contaba con alrededor de un centenar de miembros y uno de los agentes denunció los hechos por haber recibido amenazas de muerte en el propio chat.
El Ayuntamiento considera necesario personarse en ese proceso “porque se vierten amenazas directas a un agente de Policía Municipal, por protección a la ciudadanía ante posibles delitos de odio, por posible falta grave a una superior -la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena- y por la mala imagen que se está generando del cuerpo de Policía Municipal y del Ayuntamiento de Madrid”.
El consistorio informa de que el procedimiento disciplinario interno está abierto ahora mismo en Policía Municipal en fase de información reservada, previa a la incoación de expediente disciplinario.
El equipo del concejal Javier Barbero, delegado del área de Salud, Seguridad y Emergencias, confirma que es posible que se tomen medidas disciplinarias “acordes al reglamento interno de Policía Municipal” hasta el momento en que se abra el expediente de manera formal.
Barbero avanzó ayer que su departamento estudiaba inhabilitar al grupo de agentes aunque defendía que el Ayuntamiento debe ser «garantista», por lo que preferiría esperar a las decisiones de los jueces.
