El presidente del Gobierno asegura que nunca se ha opuesto “abiertamente” a una reforma de la Constitución de 1978. Pero admite tener algún que otro problema con este asunto: no entiende qué hay que cambiar. “Nadie” le ha explicado “claramente cuál sería el objeto de esa reforma”, se ha quejado Mariano Rajoy en una entrevista ayer con el diario italiano La Repubblica. “Nadie ha hecho una propuesta clara sobre qué habría que cambiar”.
La conversación se centraba principalmente en la cuestión territorial por el conflicto en Cataluña, por lo que es de suponer que el presidente lamentaba no entender de qué manera una reforma de la Carta Magna puede ayudar a solucionar los afanes independentistas.
Justo ayer, diez prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo publicaron el documento “Ideas para una reforma de la Constitución”, presentada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid. Estos expertos juristas de todo el país están preocupados por “la seria crisis constitucional, cuya manifestación más extrema -pero no la única- es la crisis de Cataluña”.
Para facilitárselo al presidente, formulan ellos mismos la pregunta: “¿Qué debe reformarse?”. “El modelo de organización territorial”, responden, resumiendo sus propuestas en “una profunda transformación” de la naturaleza de los estatutos de autonomía, que en su opinión deberían ser constituciones territoriales que no estén sometidas a las Cortes centrales; remodelar el sistema de competencias que “muy defectuoso” y reconvertir el Senado en una verdadera “cámara territorial” en la que participarían los representantes autonómicos.
Además, proponen “incorporar una cláusula europea, modificar el orden sucesorio en la Corona, el reconocimiento de garantías de algunos derechos sociales y la mejora de la calidad democrática de las instituciones”, entre otras. “El movimiento secesionista en Cataluña, como antes el del País Vasco con el Plan Ibarretxe, se refuerza por los problemas no resueltos del Estado autonómico”, consideran estos académicos, cuyas propuestas concretas pueden consultarse aquí.
Fuera del ámbito académico, hay que recordar que Rajoy se comprometió con el PSOE a crear una comisión para la reforma territorial a cambio del apoyo de los socialistas a la aplicación del 155. Ese órgano debe empezar a funcionar en 2018, pero el presidente defiende que “escucharemos las propuestas de quien quiera presentarlas” pero que “hasta ahora no las ha habido”.
A la espera de que ese órgano eche a andar, quizá Rajoy pueda echar un vistazo al documento que los socialistas titularon “Por un nuevo pacto de convivencia” en el que recogían en 2015 cinco grandes propuestas para reformar la Constitución tras casi 40 años en vigor: entre ellas, reformar la estructura territorial del Estado “con los principios y técnicas del Federalismo” o incorporar a la Carta Magna “mecanismos que garanticen el Estado del bienestar”.
En esos mismos meses de tiempos preelectorales, Podemos presentó sus cinco propuestas para lo que Iglesias calificó como firmar “un nuevo contrato” para “construir un nuevo país”: reformar la ley electoral, reformar la Justicia para garantizar una independencia real de sus miembros; garantizar la vivienda digna, la educación y la sanidad públicas al mismo nivel que los derechos civiles y políticos; blindar la lucha contra la corrupción en propia Constitución prohibiendo fenómenos como las puertas giratorias y “resolver la cuestión territorial a través de cauces democráticos”.
La modificación de la Ley electoral es uno de los caballos de batalla de formaciones más pequeñas y de ámbito nacional, como Izquierda Unida, ya que España es de los pocos países de su entorno que recoge el sistema electoral en la propia Ley Fundamental.
«Después de 40 años hace falta una nueva ley electoral, una ley con listas abiertas para que todos los votos valgan igual», pedía también Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras solicitar que la subcomisión que estudiará la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) comenzara a trabajar hace ahora un año.
La tradición republicana de IU enlaza con otra petición mítica de la reforma constitucional en España: modificar la forma de gobierno del país y que el Jefe del Estado no se elija por un sistema monárquico: “Nuestra propuesta en cuanto a la Jefatura del Estado pasa por que se configure como un cargo público más, al que se acceda por el mecanismo usual en democracia de la elección parlamentaria o popular. En suma, estamos a favor de la forma de gobierno republicana” se lee en la propuesta de IU hace ya doce años.
