La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha aumentado de seis meses a cuatro años de cárcel su petición para los tres consejeros de Abengoa que avalaron el pago de indemnizaciones millonarias al ex presidente de la compañía Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega cuando abandonaron la empresa andaluza.
Según recoge Europa Press, el fiscal José Perals, considera que la expresidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones Mercedes Gracia así como los exconsejeros Alicia Velarde y Antonio Fornieles participaron en el mecanismo “para que Benjumea saliera beneficiado” de lo que parecía una marcha “lógica conforme a las reglas del mercado” y que disfrazaron de “cese”.
Perals ha modificado su escrito de conclusiones provisionales al detectar un error en la tipificación del delito de administración desleal, pues al tratarse de cuantías superiores a los 250.000 euros, la pena debe ser mayor a la solicita inicialmente.
Respecto a Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, el fiscal mantiene la petición de cinco años y cuatro años y tres meses de cárcel, respectivamente, aunque eleva las multas a 180.000 y 144.000 euros, por las indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones de euros que percibieron en 2015 tras dejar la gestión pocos meses antes de que se solicitara el preconcurso.
El Ministerio Público entiende que estas cuantías fueron acordadas por los integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a sabiendas de que la compañía “ya atravesaba una grave crisis, y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos de la ampliación de capital”. En opinión de la Fiscalía, todos ellos dejaron “bien atado para que lo que tenía que ser la negociación de la ampliación de capital se convirtiera en una salida voluntaria oculta tras la apariencia de un cese” presuntamente impuesto por el Santander a fin de asegurar la operación y a la que no se hace mención en las actas del Consejo de Administración.
Sobre Benjumea y Sánchez Ortega ha asegurado que, dada su calidad de máximos directivos, eran conscientes de la falta de liquidez que atravesaba Abengoa, circunstancia por la que “idearon una serie de condiciones beneficiosas para el más que hipotético caso de tener que salir” antes de que la situación “fuera más complicada”.
Sin embargo, Perals ha desmarcado de los hechos tanto al Consejo de Administración como al exministro de Obras Públicas Josep Borrell. El socialista delegó su voto al considerar que no tenían el dominio sobre unas acciones que “suponen un perjuicio para la sociedad y un beneficio económico para los dos principales acusados”.
