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La Fiscalía atribuye delitos de sedición, rebelión y malversación a Puigdemont y su Govern

Carles Puigdemont
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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no descarta pedir medidas cautelares y solicita una fianza solidaria de 6,2 millones para los 20 querellados.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado que el Ministerio Público ha interpuesto “sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos, contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña”. Les acusa de “actos a lo largo de estos dos últimos años que han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre”.

Maza ha explicado que, puesto que han sido cesados en sus cargos, la querella contra los miembros del Govern se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional: “Es la competente para conocer de los delitos imputados, ya que los querellados no ostentan la condición de aforados al haber sido cesados en sus cargos”.

Sin embargo, la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament que, “con sus acuerdos posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista, se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, al conservar la mayoría de los querellados el aforamiento dada su condición de miembros de la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña”.

El fiscal ha expuesto, en una declaración sin preguntas, un elemento muy importante de estas querellas: además de solicitar “que sean citados los querellados para prestar declaración”, abre la puerta “la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados”. Concretamente, reclama "la citación con carácter urgente" de los demandados, según los documentos remitidos por Fiscalía a los que ha tenido acceso EL BOLETIN.

“A partir de ahora, la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la Ley, para garantizar el respeto al Estado de Derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas”, ha concluido el Fiscal.

Detenciones inmediatas en caso de incomparecencia

El fiscal pide "expresamente" que "se proceda a la citación de los querellados con carácter urgente, a fin de tomarles declaración como investigados y a los efectos de celebrar la comparecencia regulada en el art. 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Ambas querellas hacen esa petición para "valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto de los mismos, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas”, se lee en las denuncias anunciadas por Maza.

En caso de incomparecencia, el fiscal solicita “la inmediata detención de los querellados”.

Tanto contra el Govern como contra los miembros de la Mesa del Parlament que contribuyeron a la aprobación de la DUI el pasado viernes, las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía contemplan “la exigencia de fianza y embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros". Fuentes de la Fiscalía aclaran que la cantidad que Maza pide para los 20 querellados asciende a ese total de 6,2 millones de euros de fianza solidaria, a pesar de que se publica en ambas querellas con la misma cifra.

La primera querella se dirige contra Carles Puigdemont, su número dos en el Govern, Oriol Junqueras, y los otros doce consellers al frente de los respectivos departamentos del Ejecutivo regional hasta el pasado 27 de octubre. Entre ellos Santi Vila, el ex conseller de Empresas que dimitió un día antes del pleno del 27 de septiembre por rechazar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)

La segunda querella se dirige contra Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Cataluña, y contra los miembros de la Mesa del Parlament, Lluís María Corominas i Díez, “vicepresidente primero entre el 22 de octubre de 2015 y el 25 de julio de 2017 y desde el 17 de ese mismo mes, presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí”; contra Lluis Guinó y Subirós, (exvicepresidente primero desde el 25 de julio de 2017); contra Anna Simó i Castelló, exsecretaria primera y Ramona Barrufet i Santacana, exsecretaria cuarta, “todos ellos miembros de la diputación permanente del Parlament”. Por último, también contra Joan Josep Nuet i Pujals, exsecretario Tercero de la Mesa, a pesar de no formar parte de Junts Pel Sí sino de Catalunya Sí Que Es Pot, que aglutinaba a Podemos, ICV, EUiA y Equo en el Parlament hasta su disolución el pasado viernes.

Hasta 30 años de prisión

La Fiscalía considera por tanto la comisión de un posible delito de rebelión. Para ello el Código Penal contempla penas de hasta 30 años de cárcel. La cuestión parece estar, no obstante, en la definición de alzamiento “violento” contra la Constitución o por la “independencia” de parte de la nación.

“Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1º:Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”, se lee en el Código Penal, en un artículo cuyo quinto punto contempla la rebelión con el fin de “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

El Código, en el artículo siguiente, prevé penas de prisión de veinticinco a treinta años para “los jefes principales” del delito de rebelión; de quince a veinticinco años para “los que ejerzan un mando subalterno” y de diez a quince años para “los meros participantes”.

Según afirmaba a Cadena Ser hace unos días el exparlamentario Diego López Garrido, redactor del delito de rebelión en el Código Penal de 1995, no hay encaje penal por rebelión contra los cargos del Govern al no haber habido violencia en la votación y aprobación de la DUI en Cataluña.

"La declaración de independencia impulsada por los querellados lleva ontológicamente anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d´Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña", se lee en la querella, en uno de los usos de la "intimidacion" que, según la Fiscalía, sustituye a la "violencia" como justificación del delito de rebelión.

En manos de Lamela

Las últimas informaciones confirman que la querella contra el Govern ha recaído en la juez Carmen Lamela, que esta semana se encuentra de guardia en la Audiencia Nacional. La magistrada debe ahora decidir si la instruye o la envía a reparto, si considera que los hechos no son conexos con las causas que ya instruye en relación con el conflicto independentista en Cataluña.

Lamela es la instructora de la causa por sedición contra Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos, la intendente Teresa Laplana y los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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