La crisis catalana tapa las conclusiones de años de investigaciones por corrupción

Corrupción

La crisis catalana tapa las conclusiones de años de investigaciones por corrupción

Esta semana de alto voltaje en la cuestión catalana es también crucial para multitud de casos de desfalcos de dinero público en torno al PP que llevan años instruyéndose.

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia

Esta semana de infarto por la incertidumbre que emana de la crisis en Cataluña es también un periodo clave para algunas de las grandes tramas por malversación, desfalcos, sobrecostes en obra pública, sobornos, mordidas y demás delitos en torno a la corrupción del PP en las útlimas dos décadas. Algunas de estas causas llevan lustros en los juzgados, divididas en piezas, acumulando periodos de instrucción y juicios orales, pasando de uno a otro juzgado entre pesquisas y recursos. Pronto se cumplirán diez años desde que comenzó la fase de investigación de la Gürtel, considerada la mayor trama corrupta en nuestro país. Y sus conclusiones llegan justo esta semana, deslucidas tras las banderas e inadvertidas entre el caos político en torno a Cataluña.

La semana comenzaba con un gran nombre del PP cargando una posible mancha por corrupción aún mayor que su apellido: varios medios adelantaban la inminencia de la imputación de Alberto Ruiz Gallardón en el caso Lezo, que investiga la trama corrupta en el Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid, con hechos que se remontan al inicio del siglo.

El expresidente madriñeño fue citado por Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte en el Canal Ignacio González, como responsable último de un desfalco millonario. Tanto Sobrino como González permanecen en prisión provisional por esta causa, cuyo principal foco es ahora la compra de la filial colombiana Inassa, en 2001, por unos 83 millones de euros. Según el exgerente, aquella maniobra se llevó más de 25 millones de euros públicos bajo la coordinación del Gobierno regional del PP.

Okdiario añadía que esta causa también llevará ante la Audiencia Nacional al actual presidente de Adif, Juan Bravo, en aquel momento consejero de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad de Madrid.

Antes de llegar al plato fuerte de las conclusiones de la Gürtel cabe recordar que en días de constante intercambio de declaraciones y amenazas entre el Gobierno y el Govern también se supo el artífice del ‘milagro económico español’, el ex vicepresidente Rodrigo Rato, será finalmente juzgado por la salida a Bolsa de Bankia. La causa se inició en 2012, este verano cumplió cinco años, desde una denuncia de UPyD solo dos meses después de la nacionalización de la entidad.

Los jueces consideran que Rato, en tanto era miembro del Consejo de Administración de BFA y Bankia, tenía una obligación de veracidad informativa y le era exigible adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fuera necesarias para asegurarse de que los estados financieros que estaba aprobando reflejaban la imagen fiel de la entidad y, según se desprende de los informes de los peritos no la reflejaban, “debiendo ser en el ámbito del plenario donde se dilucide el alcance de esa responsabilidad que de momento y, por lo expuesto, resulta incardinable en el artículo 290 del Código Penal”.

Matas, el mejor amigo de Calatrava

Además, llega la conclusión del quinto procedimiento contra el expresidente balear del PP Jaume Matas: evitará la cárcel, (la Fiscalía solicitaba un año y tres meses de cárcel para el político) y deberá pagar 1,2 millones de euros por encargar fraudulentamente al arquitecto Santiago Calatrava el proyecto del palacio de la ópera de Palma. La causa trata de juzgar cómo Matas forzó la contratación urgente y sin concurso del arquitecto. ¿Cuándo? Justo en vísperas de las elecciones autonómicas de 2007, hace una década.

Los magistrados consideran que «comprometió el erario público prescindiendo de la totalidad de la normativa reguladora». “Se saltó todos los requisitos legales y evitó la posibilidad de la concurrencia de otros profesionales suficientemente capacitados”, destaca la justicia.

El yonki del dinero

De nuevo en los ex gobiernos del PP en la España mediterránea, esta semana ha sido procesado el primero de los numerosos protagonistas de casos de corrupción en la Comunidad Valenciana: Marcos Benavent, conocido como el ‘yonki del dinero’ según su propia definición, ha sido juzgado por malversación y falsedad documental en el caso Imelsa, estrenando así las decenas de casos de corrupción acumulados en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El exgerente de Imelsa, empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, carga la acusación por delitos de estafa, falsedad y malversación por irregularidades en un contrato de 60.000 euros de renovación de alumbrado público en la localidad valenciana de Llutxent, dinero que recibió el empresario aunque los trabajos no se realizaron.

Gürtel (sólo su primera parte), Ana Mato y Bárcenas

Si la posible independencia de Cataluña o la aplicación extrema del artículo 155 puede poner los vellos de punta a muchos, quizá es porque no han leído las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción sobre la Gürtel: en la causa que juzga a los 37 acusados de la primera época de la trama corrupta (desde 1999 hasta 2005), el Ministerio Público determina que era «una actividad duradera para delinquir» y apropiarse de fondos públicos a través del contacto con cargos públicos del PP y el pago de comisiones de un «3 o 4 %».

La fiscal Concepción Sabadell destacó que tras una «ardua y compleja instrucción» de la causa, «y no menos complejo juicio», ha quedado acreditado que la trama de corrupción llevada a cabo por el Grupo Correa «no es un hecho aislado» y que los «hechos han sido probados, contrastados”. “La Gürtel fue un sistema duradero de sobornos a dirigentes del PP para esquilmar las arcas públicas”, defendió Sabadell el lunes.

Y las conclusiones prosiguieron el martes: “Hay sobrada prueba de que el PP” se benefició con los delitos, señaló la fiscal, que ha reprochado las afirmaciones del auditor nacional del PP, Carlo Lucca Mignani, que como testigo llegó a insinuar que el Estado salió ganando con esta situación, ya que los populares no gastaron en Majadahonda el dinero procedente de subvenciones públicas debido a que fue la Gürtel quien abonó los actos.

El miércoles nos esperaba una broma aún más negra: la Fiscalía aseguraba una nueva jornada del juicio del caso Gürtel que se desconoce el paradero de más de cuatro millones de euros de los más de diez millones que el extesorero del PP Luis Bárcenas ocultó en varias cuentas bancarias de Suiza. Asimismo, recordó que el hecho de que se acogiera a la ‘amnistía fiscal’ del Gobierno del PP en la declaración de fondos en Suiza no le exime de responsabilidad penal.

Ese mismo día, la Fiscalía Anticorrupción aseguró que el PP y la exministra de Sanidad Ana Mato se lucraron de las actividades de esta red corrupta en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). “Hubo cobros en efectivo y en especie de los que se beneficiaron Ana Mato y el PP”, afirmó la fiscal Concepción Sabadell.

Tras las conclusiones de los expertos el abogado del Estado Edmundo Bal reclamó al tribunal de la Audiencia Nacional, con evidente tono de indignación, una sentencia “ejemplar” para que los empresarios españoles no vuelvan a tener “la tentación” de sobornar para beneficiarse en la adjudicación pública.

Cobrar sin trabajar

Aunque esta otra noticia se sale del estricto ámbito de los juzgados, sus protagonistas también están imputados en Lezo: según publicaba Cadena Ser, el Canal de Isabel II, despidió a María Fernanda Richmond y a Adrián Martín, exdirigentes de la empresa pública que llevan seis meses sin trabajar, pero que seguían cobrando.

Ambos excargos han sido remunerados estos seis últimos meses con más de 30.000 euros.

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