Los matrimonios, en algunos casos casi centenarios, que los grandes bancos de Wall Street mantienen con sus auditoras se verán afectados de lleno por la nueva normativa europea que busca acabar con las estrechas relaciones que muchas empresas mantienen con las denominadas ‘big four’-Pricewaterhouse Cooper, KPMG, Deloitte y EY-.
Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo o Morgan Stanley se encuentran entre las grandes entidades de Wall Street que se verán obligadas a modificar sus acuerdos de auditoría para adaptarse a la nueva normativa, que pone en juego unos jugosos contratos de varios cientos de millones de dólares.
La normativa europea, que entró en vigor el año pasado, exige a las empresas cotizadas en Europa nombrar un nuevo auditor al menos cada 20 años y licitar estos contratos cada década. Sin embargo, según publica Financial Times, la reforma va más allá de las compañías del Viejo Continente ya que también afecta a las denominadas entidades de interés público, un concepto que alcanza a buena parte de los brazos europeos de los grandes bancos y aseguradoras estadounidenses.
Estos gigantes estadounidenses tendrán que elegir entre designar una nueva firma de auditoría para su negocio completo, un contrato que vale varias decenas de millones de dólares, o seleccionar a una segunda auditora para su filial europea, señala el diario británico.
La elección tiene más ‘miga’ de lo que podría parecer a primera vista. Goldman Sachs, por ejemplo, utiliza los servicios de PwC desde 1926, habiendo pagado sólo el año pasado a su auditora 53 millones de dólares, según datos de MSCI. Wells Fargo tiene contratado a KPMG desde hace 86 años, mientras que la relación de esta misma auditora con Citigroup se remonta ya a 48 años. Más reciente, pero aun así ya 20 años, dura el vínculo de Morgan Stanley con Deloitte. Los contratos de auditoría de estos tres bancos ascendieron el año pasado a 155 millones de dólares.
Richard Sexton, director mundial de aseguramiento de PwC, señala a Financial Times que las instituciones financieras estadounidenses tienen 18 meses para decidir cómo responder a la nueva normativa. “Supone un gran problema para las instituciones y para los auditores. Es muy importante en su agenda”, ha reconocido.
Sexton considera que la mayoría de los bancos se muestran renuentes a pasar por el costoso proceso de designar un nuevo auditor para todo el grupo, pero también quieren evitar el mayor costo y la confusión de tener múltiples auditores en diferentes regiones.
