Todo lo que hace unos días parecía sonreír a los planes del independentismo catalán se les están volviendo dudas y problemas. Bastó que en cuestión de horas la mayoría que rechazaba en silencio sus pretensiones sacase la cabeza, como se ha visto el domingo en Barcelona, y empezase a hacerse oír para que algunos de los responsables de la quimera se tomaran la molestia de pensar y dudar. Algunos, por supuesto; otros todavía no. Los extremistas de la CUP, por ejemplo, debe de estar felices y frotarse las manos viendo huir de Cataluña a los grandes bancos y empresas contra las que vienen centrando sus amenazas antisistema.
Tampoco a los de ERC parece preocuparle tanto lo que está ocurriendo, lo mismo que a Puigdemont acorralado en su propio partido, de derechas de toda la vida, entre los que empiezan a echarse las manos a la cabeza viendo a donde ha llegado la sinrazón y los que, como él, seguramente empiezan a ser conscientes de lo negro que se anticipa su futuro no sólo político, también personal. La opción es complicada, o seguir adelante con la proclamación de independencia, cuya euforia demoraría sólo unas horas hasta convertirse en llanto, o resignarse a echar marcha atrás intentando salvar los muebles de sus errores y fanatismo con algún subterfugio que salve la cara.
Pero en cualquier caso, es evidente que hay hechos delictivos que, ocurra lo que ocurra en la negociación que se acabará imponiendo, ante el Estado de Derecho, al que se retó reiteradamente no pueden ser encarpetados. Hay muchas querellas en los tribunales de Justicia donde la flexibilidad que se puede lograr en una negociación política no puede tener pleno efecto. Unos cuantos responsables de todo el desaguisado que han promovido y el mal trago que han hecho pasar a todos los españoles y particularmente cuando menos a la mitad de los catalanes, no van a poder irse de rositas sin tener que responder ante un juez. Cuentan con la ventaja democrática de que en España la Justicia es garantista.
El Gobierno podrá acabar indultando y el Estado perdonando pero antes los tribunales tendrán que cumplir con su obligación. Un ladrón, un estafador, un corrupto puede conseguir que su causa reduzca su gravedad devolviendo lo mal conseguido o mostrando arrepentimiento pero seguirá teniendo que responder del delito de haberlo hecho. Sería un pésimo ejemplo que en una negociación política como la que se impone y se desea los que cometieron atropellos a la Constitución, violación de las leyes, enfrentamientos en la sociedad y agravios a tantos ciudadanos salieran indemnes.
En política hay que hablar y negociar siempre y para hacerlo con éxito, ceder algo. También en este enfrentamiento es lógico que se acepte esta premisa. Pero convendrá que antes los secesionistas renuncien a su pretensión, a todas luces inadmisible, de proclamar la independencia y con ello volver a crispar los ánimos de unos y a profundizar en la depresión de otros. Los responsables están acorralados en su cerrazón pero alguien tendrá que hacerles ver que todo lo que no sea dar marcha atrás de manera clara y avenirse a hablar por el bien común, se volverá en su contra.
