Todos los ojos están mirando a Cataluña. No es para menos. La crisis abierta no es menor. Mientras, en Madrid, los movimientos judiciales elevando el hedor de la corrupción siguen dándose. Y tampoco son menores. Después de que la intensidad mediática se haya despegado del ‘caso Lezo’ (no así en la Asamblea de Madrid donde se avecinan nuevas comisiones de investigación), la Audiencia Nacional ha reactivado los trabajos en la ‘operación Púnica’ con especial atención al contrato del servicio de cafetería que el Parlamento madrileño adjudicó al Grupo Cantoblanco y que salpica directamente a Cristina Cifuentes.
La presunta financiación irregular del PP de Madrid se ha convertido en una sombra que persigue a sus dirigentes: así fue con Francisco Granados, con Esperanza Aguirre y así está siendo con Cristina Cifuentes. Ya sea por medio de informes policiales, por declaraciones de testigos o por imputaciones a miembros del entorno de los más altos responsables madrileños, la Púnica es ya una trama pegajosa en la Comunidad de Madrid, que sigue reproduciendo nuevas citaciones o nuevos escándalos.
“La lista no la he hecho yo”, afirmaba Cifuentes a la hora de delatar que gran parte de los nombres que concurrieron a las elecciones autonómicas tenían como cabeza pensante a Esperanza Aguirre. Y al poco de que la actual líder del PP de Madrid se alzase como presidenta madrileña, las primeras manchas de (presunta) corrupción empezaron a aparecer en su grupo parlamentario. Y es que a pesar de que la Gürtel (con la exdiputada María Josefa Aguado) también se ha cobrado dimisiones en el partido o el ‘caso Lezo’ ha apuntado directamente a otras parlamentarias (como a la hermana de Ignacio González), la Púnica está siendo la ‘gran estrella’.
De los primeros nombres que aparecieron fue el de Daniel Ortíz. El que fuera alcalde de Móstoles, tuvo que salir del grupo parlamentario de Cifuentes después de que fuese imputado por seis delitos tras haber amañado presuntamente un contrato a Cofely, la empresa ‘favorita’ de la Púnica. Sin embargo, Ortíz ya ha caído en el olvido y uno de los populares más señalados por esta trama está siendo el de Jaime González Taboada, que, a su vez, está siendo uno de los protagonistas de la actualidad madrileña después de haber sido recolocado en el Senado tras su salida como consejero de Medio Ambiente.
Antes de desembarcar en la Cámara Alta, los testimonios de testigos, las acusaciones de David Marjaliza y las imputaciones a su alrededor dejaron a González Taboada en una situación delicada en el Gobierno regional. Aun así, el ‘respiro’ de Cifuentes ha llegado hace apenas unas semanas con la remodelación que ha realizado en su gobierno y que ha hecho pasar al ‘salpicado’ en un problema del pasado. Un cambio de piezas que aventuraba tranquilidad a la presidenta, hasta esta semana…
Hasta que este jueves la Audiencia Nacional ha decidido rescatar del cajón el polémico contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid que había desaparecido de la esfera mediática y del combate parlamentario. Desempolvado el caso, la reciente imputación de la ex responsable jurídica del Parlamento madrileño Tatiana Sonsoles Recorder estrecha el cerco sobre Cifuentes. Un círculo que antes se ha empequeñecido sobre varios diputados de su grupo parlamentario y de sus consejerías.
Aparte de la dimisión de algún diputado como Ortíz, la Púnica ha traído registros de la UCO en consejerías como la de Medio Ambiente o la de Transporte. Siempre con la financiación irregular del PP de Madrid como motivo de las actuaciones policiales. A pesar de que las líneas de investigación no tratan la actual financiación de los conservadores, el pasado siempre le vuelve a Cifuentes (la cual lleva años dentro del partido) o a los nombres de su equipo.
Parlamentarios como Juan Soler y Bartolomé González aparecieron, según las informaciones periodísticas, en las declaraciones de confesión de Marjaliza por los negocios de ambos con el empresario. Pero el ojo del huracán siempre ha estado en la Consejería de Medio Ambiente: hasta dos altos cargos han tenido que dimitir por aparecer en los sumarios de la Púnica. Así sucedió con el antiguo director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid Carlos López Jimeno y con el exviceconsejero de Medio Ambiente Miguel Ángel Ruiz.
La tranquilidad judicial parecía instalarse en el Gobierno de Cifuentes con el adiós de González Taboada (no sin antes haberle trasladado un gran agradecimiento) y la citación de la Audiencia Nacional a la ex responsable jurídica de la Asamblea de Madrid cuando se adjudicaron los contratos de la cafetería hace reaparecer el fantasma de la Púnica. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid parecía olvidar los dos informes de la Guardia Civil que la acusaron directamente de amañar el contrato para favorecer a Arturo Fernández (pata fundamental de la financiación irregular del PP madrileño), esta última citación vuelve a tronar en la Puerta del Sol.
