La Seguridad Social ha recurrido la sentencia emitida el pasado 7 de julio por el juzgado de lo Social número 2 de Toledo, que ordenaba incrementar las pensiones de orfandad a tres menores toledanos que quedaron huérfanos después de que su madre fuera asesinada por su padre, y el PSOE pide a la ministra Fátima Báñez que no actué con crueldad y ordena que se retire el recurso.
Además, el Grupo Parlamentario Socialista prepara una batería de iniciativas para pedir explicaciones a Fátima Báñez sobre el recurso presentado por la Seguridad Social para impedir, según los socialistas, que tres menores huérfanos vean incrementada su pensión de orfandad hasta el 52% de la base reguladora.
Lo adelantan los socialistas en un comunicado, del que informa Europa Press, en el que la portavoz socialista de Igualdad Ángeles Álvarez pide a la ministra “que dé instrucciones” a la Seguridad Social para retirar el recurso a la sentencia que ordenaba incrementar las pensiones de orfandad a tres menores que quedaron huérfanos después de que su madre fuera asesinada por su padre, como dictó el pasado 7 de julio del juzgado de lo Social número 2 de Toledo.
Según el PSOE, “con su recurso, la Seguridad Social actúa contra los acuerdos del Pacto contra la violencia”, y puntualiza que para la Seguridad Social aumentar la prestación del 20% al 52% de la base reguladora, “ni tan siquiera implica un aumento de gasto, ya que el padre dejó de percibir la pensión de viudedad al ser condenado por dar muerte a la madre de los menores”.
Ante la reclamación del incremento reconocido por sentencia, por parte de la abuela de los menores, tutora legal de sus nietos tras el asesinato de su hija, Álvarez ha reclamado a Báñez “que no actúe con crueldad frente a quién se ha hecho cargo de tres niños muy pequeños y ha perdido a una hija en un crimen brutal”. “El Gobierno debería actuar para reforzar el apoyo a esa abuela y no para sumarse a quienes revictimizan a esa familia”, ha lamentado.
Además, la portavoz socialista de Igualdad denuncia que “la Seguridad Social actúa con una rigidez interpretativa que atenta contra el sentido común y contra los acuerdos del Pacto contra la violencia de género”, e insiste en que “la decisión de recurrir es política, por tanto, está en manos de la ministra el dar la instrucción de retirar inmediatamente el recurso que ha interpuesto la agencia de su Ministerio”.
