Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para requerir documentación sobre la entidad Mintra y Metro Ligero, concretamente contratos adjudicados durante el gobierno de Esperanza Aguirre, supuestamente relacionados con la Púnica.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige desde hace una semana Rosalía Gonzalo para enfatizar que se atenderán todos los requerimientos que traslade la UCO.
Madrid Infraestructuras del Transporte, Mintra, fue una empresa pública del sector transportes de la Comunidad de Madrid que se encargaba de ejecutar y gestionar infraestructuras de transporte colectivo en la región, sobre todo ferroviarias.
Fue creada en 1999 por el Gobierno regional en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón con duración amplia pero limitada de 25 años. No obstante, fue disuelta en 2011 por el Ejecutivo dirigido por Esperanza Aguirre, para integrarse en la Dirección General de Infraestructuras (dependiente de la Consejería de Transportes). Tuvo un papel destacado en el desarrollo de Metro Ligero Oeste, que se despliega en régimen de concesión, y en las ampliaciones de la red de Metro que se llevaron a cabo en la etapa de Esperanza Aguirre.
La extinción de Mintra en verano de 2011 se enmarcó, según destacaron entonces en el Gobierno regional, dentro de la política de ajustas del gasto público que se estaba llevando a cabo.
Según un informe incorporado en el sumario Púnica, la UCO sospecha el ex miembro del consejo de administración de OHL Javier López Madrid, habría actuado junto a otros investigados de la red, como es el empresario David Marjaliza y el ex consejero Francisco Granados, para lograr a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones de «importantes contratos públicos» vinculados con líneas de Metro y Metro Ligero por medio de la Consejería de Transportes en los años 2004 y 2005.
Así lo indica esta sección del Instituto Armado para apuntar que López Madrid actuó para la presunta comisión de supuestos delictivos y en los que participaron Marjaliza, Granados y Jesús Miguel Trabada.
En concreto, se alude a «importantes contratos» de la Consejería de Transportes para la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones. Los investigadores lo indicaban tras el análisis del volcado de distintos soportes informáticos intervenidos a López Madrid, así como el contenido de las numerosas agendas intervenidas.
Estos elementos estarían revelando la existencia de «sólidos elementos probatorios» de esta actuación conjunta para adjudicar contratos a la mencionada empresa.
También se aludían a los «numerosos» correos entre Marjaliza y López Madrid que pondrían de manifiesto “actuaciones preconcebidas” y donde el empresario actuaría como “conseguidor” de los citados contratos en un periodo en el que Granados estaba al frente de la Consejería de Transportes.
Así, la UCO señalaba que se llegaban a “pactar” las comisiones sobre las adjudicaciones «futuras y que finalmente fueron obtenidas», utilizando para la canalización de los beneficios a una empresa Aruba Gestión, controlada por Marjaliza.
La investigación también abarcaban la venta de una filial de OHL denominada Elsan (Asfaltos y Construcciones Elsan) a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones, tan solo meses después de que Elsan consiguiera una importante adjudicación donde había intermediado Marjaliza.
