El lapso de unas 24 horas desde que comenzaron a difundirse las primeras imágenes de cargas policiales en colegios catalanes hasta que la UE, por boca de un portavoz del equipo de Jean Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea), ha comunicado su postura, ha sido demasiado largo para algunos, entre ellos los periodistas que escucharon la declaración oficial del funcionario. Pero el Ejecutivo europeo ha logrado cerrar filas en torno a Mariano Rajoy con su habitual norma de la equidistancia en asuntos internos, la ayuda de líderes del peso de Emmanuele Macron y sin grandes aspavientos de discordia.
No obstante, las voces aisladas que desde Europa condenaron la violencia policial el mismo domingo resuenan en los pasillos de Bruselas chocando con el eco de la consigna del respeto a la Constitución española. Tradicionalmente la UE se mantiene al margen de las disputas internas de sus estados miembro, pero también ha jugado roles mediadores en casos como el de Irlanda del Norte o el conflicto en Chipre.
Y aunque no hay certezas sobre qué efectos tendría para la UE intentar arbitrar la cuestión catalana ni tampoco para el propio estado de la cuestión en España, la realidad es que no involucrarse también tiene un coste político. Incluso, como recuerda este artículo del medio europeo Politico.eu, podría verse como un acto hipócrita dadas las licencias de la UE para otros sancionar a socios de Europa oriental por disputas políticas internas.
A fin de cuentas, se trata de decenas de imágenes de policías antidisturbios golpeando a ciudadanos indefensos que claman por su derecho a la libertad de expresión, lo cual choca directamente con la imagen clásica de los valores fundacionales de la UE.
Tras las rotundas condenas a la actuación policial el domingo del primer ministro belga, Charles Michel, de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, del expresidente del Parlamento Europeo – y secretario general de los socialdemócratas alemanes –, Martin Schulz, y del líder de los laboristas birtánicos, Jeremy Corbyn, ayer varios partidarios y artífices del Brexit denunciaron la tibieza europea ante los 800 heridos del referéndum convocado por el Govern.
Entre ellos Nigel Farage, ex líder del partido eurófobo británico Ukip, destacó la falta autocrítica por la violencia policial del propio estado español, y declaró que los partidarios de la UE “ignoran voluntariamente la violencia de España” contra los catalanes.
Kati Piri, eurodiputada socialista holandesa, pidió ayer a Bruselas que asuma una posición firme, defendiendo que la UE “debe condenar la violencia desproporcionada utilizada por la policía española y ofrecer mediación en conflictos políticos graves”.
Por su parte, Los Verdes pidieron al Parlamento Europeo que “exprese un claro rechazo a la violencia” y “un claro apoyo a una solución negociada del conflicto”.
En cualquier caso, el coste de la neutralidad será explorado esta semana en el Parlamento Europeo. Tras diversas peticiones de los grupos parlamentarios se ha aprobado la celebración el miércoles de un debate en el pleno de la Eurocámara sobre “Constitución, Estado de derecho y derechos fundamentales”, para analizar “los acontecimientos en Cataluña”. El Partido Popular Europeo, mayor formación en la Eurocámara y que incluye al PP de Rajoy, alegó que no se opondría a un debate sobre Cataluña en Bruselas, pero que tampoco lo promovería.
Mientras Gianni Pittella, jefe de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el segundo grupo más grande, defendió que instó a todas las partes «a sentarse y trabajar juntos por una solución pacífica y responsable en el marco de la constitución española”, la izquierda unitaria europea (GUE-NGL), por boca de la eurodiputada española por IU Marina Albiol, avisa de que “el silencio de las instituciones se entenderá como apoyo a la brutal actuación”.
