El Gobierno de Susana Díaz y Ciudadanos en Andalucía pactaron ayer acabar de facto con el impuesto de sucesiones en la comunidad, al aupar el mínimo exento de tributación desde los 250.000 euros por heredero hasta el millón de euros. En el caso de herencias directas, para los grupos I y II (hijos, padres, nietos y cónyuges), habría que heredar más de un millón de euros por persona para tener que abonar este tributo, ya que la Junta bonificará el 99% del impuesto a partir del 1 de enero de 2018.
Para Ciudadanos, se trata de un logro “de justicia social” que beneficiará “al 95% de los herederos”. Porcentaje que no concuerda con los datos oficiales de 2016, cuando el límite era aún más bajo y se situaba en los 175.000 euros por heredero: ese año, solo el 7,5% de las personas que realizaron autoliquidaciones debieron hacer algún pago por una herencia. De ese grupo, de 19.136 personas, únicamente 5.426, el 2,1 % del total, eran descendientes directos del fallecido (grupos I y II de parentesco).
Según los datos oficiales, por tanto, los herederos directos que han de pagar el impuesto representan el 2,1% de las personas que realizan autoliquidaciones, en un año en el que aún no se había aumentado el límite hasta 250.000, tal como está en vigor en 2017. Cuando Ciudadanos afirma que el pacto beneficiará al 95% de los herederos, pasa por encima del dato de que sólo dos de cada cien autoliquidaciones en Andalucía estaban pagando por heredar de familiares directos hasta el momento.
Al respecto, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) critica que “no es el momento más oportuno: en el mes de julio se publicó el estudio de la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación económica, por expertos nombrados por cada CCAA, y llegan a una conclusión que es unánime porque no hay votos en contra: que el impuesto se debe mantener y, textualmente, que no debe desaparecer ni de derecho ni de facto”, afirma Carlos Cruzado a ElBoletin.
“Los expertos piden una armonización, y tomar esta decisión ahora cuando está pendiente la reforma del sistema de financiación autonómico, para armonizar patrimonio y sucesiones es, no sé si irresponsable pero desde luego inoportuno”, defiende el experto de Hacienda. Además, el sindicato vaticina que la reforma disminuirá un 25% la recaudación por este impuesto (unos 83 millones de euros), muy deslegitimado socialmente tras la intensa campaña del PP andaluz y ahora la presión de Ciudadanos. Pero advierte de que “de alguna manera se va a trasladar la carga de sucesiones a otros impuestos que afectan a un mayor sector de la población, como el IBI”.
“Las herencias de poca cuantía, prácticamente ya quedaban todas fuera; ahora, con un millón de euros por heredero, hay que estar ante una herencia muy cuantiosa para tener que pagar tributar”, critica.
En efecto, en el informe del pasado mes de julio, elaborado por expertos seleccionados por el Ministerio de Hacienda y por cada una de las Comunidades Autónomas, los técnicos consideran “preocupante” que la competición entre regiones por “atraer a las bases tributarias más móviles conduzca a tipos inferiores a los deseables” o incluso “a la desaparición de figuras que cumplen una función redistributiva necesaria, como el impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD)”.
Los expertos, incluido el técnico nombrado por la Junta de Andalucía, afirman de manera unánime que “se trata de una figura ampliamente respaldada por la literatura hacendística, fundamentalmente con argumentos de redistribución y de modera ción de la tendencia intergeneracional a la concentración de la riqueza y que existe además en la mayoría de los países de nuestro entorno”.
Proponen, eso sí, la armonización a nivel nacional, la fijación de niveles mínimos y máximos de tributación “que impidan que una posible espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición del tributo, al menos en las transmisiones de riqueza entre familiares directos”.
“Este impuesto no está en tela de juicio en ningún país desarrollado”, explica el técnico de Hacienda, que recuerda que “por su propia naturaleza es un impuesto redistributivo, intenta limar las diferencias en el paso de riqueza entre generaciones». «Esto lo dicen prácticamente todos los expertos, entre ellos no hay debate sobre la necesidad de mantener el impuesto”, concluye Cruzado.
