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Medidas legales e iniciativas políticas

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat
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Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat

La democracia española, enfrenta el desafío más grave desde el 23 F, cuando Tejero se creyó enviado desde el más Arriba para salvarnos pistola en ristre.

El bochornoso espectáculo que ofreció al mundo la sesión del Parlament de Cataluña invalida las razones que los secesionistas puedan tener en su reivindicación de un referéndum por la independencia. El Gobierno de Mariano Rajoy, después de dejar pasar meses y meses esperando que el tiempo resolviera el conflicto, ha decidido por fin plantarle cara al reto a la Constitución y al entramado legal de Derecho que nos rige la convivencia entre todos.

Muchos exclaman que ya era hora y razón no les falta. Pero más vale tarde que nunca y hay que decir que la reacción oficial, respaldada por socialistas y Ciudadanos, parece la correcta: moderada y contundente al mismo tiempo y manteniendo la serenidad. No cabía esperar menos pero de momento tampoco conviene hacer más. La actuación de los tres partidos que promueven la secesión -- PDeCat, ERC y la CUP –y, sobre todo las dos instituciones que han capitaneado el reto, la Generalitat y el Parlament, pasará a ser enjuiciada por los tribunales competentes.

Nadie puede permanecer exento de la obligación de cumplir y respetar las leyes, da lo mismo que sea un robo a mano armada, que un atentado terrorista o una violación de los principios del Estado de Derecho. En la actuación de los promotores de la eufemísticamente descrita como “desconexión con España” tanto algunos partidos como ambos organismos están actuando de una manera intolerable. Para empezar fabricándose sus propias leyes e incumpliendo todas las que existen para todos por igual.

Lo que está ocurriendo en Cataluña es un disparate como quiera que se contemple. El secesionismo es una ideología legítima y en una democracia como la española los independentismos tienen cauces legales para expresar sus pretensiones y para intentar conseguir sus objetivos. Pero a lo que no tienen derecho, y es lo que están haciendo, es a pisotear los derechos de quienes no piensan como ellos, enfrentar a las personas y aprovecharse de los amplios márgenes de libertad que existen en España para conseguir prácticamente por la fuerza lo que quieren.

Habrá que esperar ahora la reacción ante las decisiones de los tribunales. La tensión que existe es elevada y es bastante probable que algunos intenten hacer valer en la calle, también por encima de la Ley y el respeto a los derechos de los demás, la actitud beligerante y exaltada que ya han mostrado de forma repetida, y particularmente el miércoles imponiendo al Parlamento, con la complicidad de un Gobierno sectario que debería ser de todos los catalanes, un verdadero golpe contra la Ley y la democracia.

Mariano Rajoy y su Gobierno no lo tienen fácil: la democracia española, que tanto costó consolidar, enfrenta el desafío más grave desde el 23 F, cuando Tejero se creyó enviado desde el más Arriba para salvarnos pistola en ristre. La firmeza del Presidente cuenta, al margen de las ideas y los votos, con un respaldo ciudadano excepcional. Su enorme responsabilidad es saber afrontar el conflicto de la mejor manera. Es decir, dejando que los tribunales juzguen a los culpables pero también arbitrando con urgencia iniciativas políticas, que hasta ahora brillaron por su ausencia, que permitan recuperar la normalidad en la Comunidad Catalana.

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