La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que a pesar de que “las Administraciones alardean de que se está reduciendo la lista de espera en el Sistema de Atención a la Dependencia, esta reducción no afecta a los dependientes más vulnerables”.
Estos profesionales alertan que “por primera vez desde hace años, en el último mes se incrementó en 1.481 la lista de espera en las personas más vulnerables que debe atender el Sistema de la Dependencia: los Grandes Dependientes y los Dependientes Severos”, y hacen notar que “actualmente, más de una tercera parte de las personas desatendidas (38%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes), en total 120.925 personas
Esta asociación considera que detrás de esta situación injusta que “deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención” se encuentran los problemas de financiación, debido a que “as mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente, su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas”.
Y explica que “el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente.” Por lo que “a razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos grados bien podría estar que la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a los Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste”.
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez advierte que “la consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia”. Y facilita un dato demoledor: “Cada día fallecen 100 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.”
También aseguran que según datos oficiales contenidos en los últimos informes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. Y afirma que extrapolando estos datos, se puede estimar que “el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en lo que va de año, asciende a 21.000 con la pésima proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio”.
Para cambiar este dramático escenario, dicha asociación considera “necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema en clave de financiación y, hasta entonces, abordar las urgentes necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado”. Subrayando que ese nivel mínimo de financiación del Estado en el que descansa la «garantía del derecho subjetivo», debería velar por el ejercicio de los derechos de las personas en situación de dependencia, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.
