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La Fiscalía del Estado presentará dos querellas criminales contra el Govern y la Mesa del Parlament

José Manuel Maza, fiscal general del Estado
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José Manuel Maza, fiscal general del Estado

Las asociaciones de fiscales rechazan la ley del referéndum por ser una vulneración flagrante de la Constitución.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado que la Fiscalía está preparando sendas querellas criminales: una contra los representantes de la Mesa del Parlament que permitieron tramitar la ley del Referéndum de Autodeterminación y otra contra los miembros del Govern por haber firmado los decretos de convocatoria de la consulta, querellas que serán presentadas en breve ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Maza que leyó un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado sin preguntas dijo que las medidas se toman “ante la gravedad de la situación generada en la Cataluña, desobedeciendo frontalmente los reiterados planteamientos el Tribunal Constitucional” , una comparecencia en la que también ha adelantado que las fiscalías provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, “con pleno acuerdo del fiscal superior de Catalunya y los jefes de las mencionadas fiscalías”, investigarán cualquier acción destinada a preparar o celebrar el referéndum por los posibles delitos de, “al menos”, desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos

Rechazo de las asociaciones de fiscales

Por su parte, las asociaciones de fiscales hoy el contenido de la Ley del Referéndum de Autodeterminación que aprobó ayer el Parlamento de Cataluña porque supone una vulneración “flagrante y reiterada” de la Constitución y del Estatuto de Cataluña.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la Asociación de Fiscales (AF) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) destacan en un comunicado conjunto –recogido por Europa Press- que no pueden permanecer “impasibles o en silencio” ante la aprobación de la ley antes mencionada con la que se pretende convocar y celebra una consulta independentista el próximo 1 de octubre.

Tampoco ante la de la Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana que establece el mecanismo de 'desconexión' de Cataluña y busca hacer efectiva la independencia si gana el 'sí'.

Los fiscales afirman que la situación en Cataluña se trata de un "problema político" que debe ser solucionado a través de la política y los cauces que correspondan. Asimismo, subrayan que la tramitación de estas normativas les provoca “conmoción, una honda preocupación y un rotundo rechazo” porque supone una “flagrante y reiterada” vulneración de la legalidad.

Las asociaciones inciden en que estas leyes vulneran “claramente” la Constitución española, “aprobada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España”, precisan; e infringen las previsiones del propio Estatuto de Cataluña.

Y señalan que no se adecuan a las condiciones y recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, ni están amparadas por ningún tratado internacional, ni en las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación que son aplicables “a situaciones por completas distintas” a la de Cataluña.

Las tres asociaciones de fiscales enfatizan que la aprobación de estas leyes por una “apretada” mayoría de los diputados del Parlamento de Cataluña “no pueden dinamitar la estructura legal y constitucional” de un Estado como es España. "Ni pueden imponer una visión parcial y sesgada de lo que significa la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines”, añaden.

En este sentido, insisten en que lo que distingue a una democracia no es la celebración de consultas populares, que, según dicen, acogen los regímenes no democráticos; sino la sujeción de los poderes públicos a la ley: “El principio de legalidad y la correlativa sujeción de los poderes públicos a la ley es lo que define a un Estado Democrático de Derecho como tal”, destaca.

De este modo se garantiza la convivencia, se proporciona seguridad jurídica y se protege frente a “decisiones arbitrarias y regímenes autoritarios”, concluyen las asociaciones.

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