Un grupo de 342 personas crea la primera asociación de afectados por los préstamos que Banco Popular otorgó en condiciones favorables para que los clientes acudieran a su ampliación de capital de 2016. Según publica la agencia Efe, representados por el despacho de abogados sevillano Sanguino, exigen ante la Audiencia Nacional la congelación de esos préstamos que, en algunos casos, vencen en 2018.
Como primera medida, el bufete sevillano que representa a esta asociación integrada ha pedido a la Audiencia Nacional como medida cautelar la suspensión del pago de los préstamos de doce de ellos. Se trata de la primera asociación nacional de afectados por este asunto, e inicialmente piden la suspensión del pago de los préstamos a las personas que han presentado toda la documentación de los mismos, en una medida que fuentes del bufete explican que deberá tener respuesta antes de finales de año.
Estas personas se han unido para defenderse de forma global “tras verse perjudicadas por la adquisición de acciones o de deuda subordinada y por el proceso de resolución de esta entidad bancaria”, recoge la agencia Efe.
La idea es que los afectados puedan conocer directamente todas las acciones económicas, jurídicas y sociales que va a emprender esta asociación “teniendo en cuenta que éstos perderán todo su dinero y que en muchos casos se pondrán en riesgo sus propios negocios por las fuertes pérdidas que tendrán que absorber en sus balances”.
Con respecto a la petición de la congelación de los préstamos, se trata de los que el banco concedió para comprar sus propias acciones y que han causado pérdidas de distintas cantidades a sus clientes, así como verse forzados a pagar préstamos que, en algunos casos, culminarán en 2018, con la idea de ampliar las solicitudes de las medidas cautelares según se vaya teniendo la documentación referente a la suspensión.
La denuncia se ha presentado contra los dos consejos de administración del Popular y contra su auditoría y reclama que la paralización del pago de los préstamos sea total y no implique que los usuarios puedan ingresar en listas de impagos “por morosos” ni se les cobren intereses de demora. También se ha dirigido contra la resolución de la comisión gestora de la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB), con el fin de tener acceso al expediente administrativo de este caso, así como al informe de la auditora Deloitte.
