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Cómo impulsar una ILP por el derecho a la vivienda en Madrid y no morir en el intento

Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Costes económicos, esfuerzos personales, trámites burocráticos, lentitud parlamentaria e indecisión política son algunos de los obstáculos para sacar adelante una iniciativa popular.

La carrera es de fondo y el recorrido es complicado, agotador. El camino para que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sea una realidad está cargado de trámites y complejidades. Y así se está viendo en la Comunidad de Madrid donde se está viviendo toda una odisea para sacar adelante la ILP por una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda Digna en la Comunidad de Madrid. Una historia que, tal y como recuerda Alejandra Jacinto, portavoz de la ILP Vivienda Madrid, a ElBoletín.com, comenzó “hace más de un año, casi año y medio, y sin recursos”.

Las gestiones que han estado en manos de la plataforma ILP Vivienda Madrid -compuesta por la Coordinadora de Vivienda de Madrid (PAH y los grupos de vivienda 15M), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA)- se han ido superando. Ahora, la iniciativa está en el tejado de los políticos. La Asamblea de Madrid debe decidir. Eso sí, la calma está siendo la nota predominante del ritmo. “Ver cuánto tardan va a servir para ver lo que les importa el derecho a la vivienda”, apunta Jacinto.

Paso 1: la redacción y la recogida de firmas

Pese a que cada ILP es un mundo (más compleja o no, más artículos o no…), la que está siendo protagonista en la Comunidad de Madrid está cargada de obstáculos, aunque no de desánimo. “Nos reuníamos los viernes por la tarde para la redacción, queríamos incluir todo. Tuvimos muchas reuniones”, recuerda la portavoz. Un proyecto que no vio la luz hasta febrero cuando se presentó ante la Asamblea. Antes, después de esa redacción, “en diciembre y enero” los promotores tuvieron que ir debatiendo “cómo se pone en marcha” y cómo se organizaría el trabajo cuando aterrizase en el Parlamento madrileño. “Íbamos aprendiendo sobre la marcha”.

Una vez que la iniciativa llegó al registro de la Asamblea de Madrid, se daba el pistoletazo de salida a la recogida de firmas. Tres meses para reunir 50.000 rúbricas, que, en realidad, como matiza Jacinto, fueron “dos y medio porque estaba la Semana Santa”. Y ahí entran los problemas burocráticos y el gasto de dinero (aparte de tiempo): “Nos exigían que las hojas de firmas tuvieran un sello de un notario”. Unos trámites que, según calcula la portavoz de la iniciativa, no bajaron de los 5.000 euros y que se ‘comió’ cerca de quince días.

Paso 2: la verificación de firmas y el posicionamiento de los partidos

Mientras tanto, la velocidad de crucero de los colectivos promotores ya estaba en marcha. “Hemos ido rapidísimos”, asevera Jacinto. Y el aval ciudadano no se hizo esperar: el 26 de mayo, tras 77 días de recogida, la ILP Vivienda Madrid llevó a la Asamblea de Madrid un total de 76.773 firmas; 26.773 más de las necesarias. Todo el trabajo previo encontró su primera recompensa ya bien entrado junio.

Se debe admitir a debate sí o sí. Echar por tiene 80.000 firmas sería muy antidemocrático

El 26 de junio, la Mesa de la Asamblea de Madrid verificó las firmas presentadas por los colectivos. Antes, la plataforma, ya con varios meses a sus espaldas de trabajo, tuvo que lanzar un crowdfunding para poder devolver los “créditos solidarios” que las personas de las distintas asambleas han ido poniendo para poder costear todos los trámites. “Presentar la ILP habrá costado entre 10.000 y 15.000 euros”, apostilla Alejandra Jacinto. Y cada gasto “perfectamente justificado” porque luego la Comunidad de Madrid da la opción de “devolver máximo 6.000 euros”, siempre y cuando el Gobierno regional decida incluirlo en los próximos presupuestos autonómicos, “que está por ver”, desconfía la portavoz a este medio.

No obstante, antes de que se devuelva esa importante inversión ciudadana, los grupos parlamentarios tienen que alzar la voz. O al menos la mano para votar. Y la inactividad de la Asamblea de Madrid por unas obras en las infraestructuras está ralentizando una ley tachada por sus promotores como “urgente”. A pesar de ello, la plataforma no se detiene. “En todo este tiempo hemos tenido reuniones con los partidos”, puntualiza Jacinto.

“El drama de los desahucios sigue aunque salga menos en la televisión, por eso es necesario esta ILP”

Alejandra Jacinto, portavoz de ILP Vivienda Madrid, explica en qué consiste la iniciativa ciudadana

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De hecho, desde que la iniciativa salió a la luz, algunos partidos se han ido posicionando. “PSOE (guardándose la opción de presentar enmiendas de mejora) y Podemos están a favor y quieren permitir el debate”, desvela la portavoz de ILP Vivienda Madrid. Sin embargo, en el último encuentro con las organizaciones políticas saltó una de las sorpresas que puede alterar todo el procedimiento: “Ciudadanos nos informó en junio que había un paso previo a que los portavoces decidiesen si iba o no a debate la ILP”.

Paso 3: el inesperado dictamen del gobierno

Y es que antes de que la normativa sea orden del día en el Pleno del Parlamento madrileño, el equipo de Cristina Cifuentes toma la palabra. “El gobierno tiene que emitir un dictamen de viabilidad jurídica y económica. Y sobre ese dictamen los partidos se tienen que pronunciar”, explica Jacinto. Es decir, los portavoces no deciden sobre la ILP sino sobre dicho estudio. Algo que inquieta: “Si la propuesta no es de los partidos, casi siempre el gobierno emite un dictamen desfavorable”.

De esta manera, tiñendo de ‘problemas burocráticos’, como sospecha Jacinto, el equipo de Cifuentes puede rechazar la ILP, aunque su decisión no sea del todo vinculante. “Lo normal es que el dictamen no suele coincidir con el voto final de los partidos”, relata la portavoz de la plataforma. Por ello, en un ejercicio de ficción política, lo normal es que la Comunidad de Madrid, que aún no se ha pronunciado sobre la ILP, lance un dictamen desfavorable, aunque luego PSOE y Podemos estén de acuerdo en que la iniciativa llegue al Pleno.

Paso 4: la Junta de Portavoces decide si va o no a debate

Es por eso que el peso de la balanza ha de decantarla Ciudadanos: su voto en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid decidirá si la ILP llega a su final o si sigue los trámites. “A Ciudadanos le puede venir el dictamen como anillo al dedo”, advierte Jacinto. La formación naranja ya ha avanzado a los promotores que quieren esperar a ese informe gubernamental, aunque la ambigüedad ha estado muy presente: “Nos han dicho que no nos preocupemos, pero que tendrán en cuenta el dictamen”.

Ciudadanos tiene la decisión

La composición parlamentaria deja en manos de la formación naranja todo el paso. Si PSOE y Podemos apoyan la iniciativa (o al menos que vaya a debate) y el PP se opone, la organización que dirige Ignacio Aguado tiene que decidir. Una abstención o un voto favorable serviría para ir superando todos los trámites.

Aun así, las advertencias de Alejandra Jacinto no se han hecho esperar: “Se debe admitir a debate sí o sí. Echar por tiene 80.000 firmas sería muy antidemocrático”. Mientras, el problema de los desahucios no ha desaparecido de la región, como se aprecia en casos como el de Lidia y Santi que se habría solucionado "de tener ya aprobada la ILP". Y el dictamen del Gobierno de Cifuentes sigue sin aparecer.

“Esperemos recibirlo a finales de septiembre y que se pueda debatir en octubre”, confía la activista a ElBoletín.com. Se llevarían a cabo los trámites parlamentarios que se dan cuando una ley se va a incluir o no. Y, finalmente, si las formaciones votan a favor, la iniciativa ciudadana ya sería un hecho (aunque ha de ser un partido el que la presente y está la opción de que quede irreconocible por las enmiendas). Un camino que, en el caso de que los trámites burocráticos y parlamentarios no se eternicen, finalizaría casi dos años después de la redacción de la primera palabra.

“Es un ejercicio de democracia”

En el caso de que los partidos rechacen la ILP escudándose en el ansiado dictamen, los colectivos tienen un as bajo la manga: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU condenó este 4 de julio a España por haber violado el derecho a la vivienda a una familia. “En su dictamen el Comité recuerda al Estado español que el proceder a un desalojo sin garantizar alternativa habitacional constituye una violación del derecho a la vivienda”, detalló Amnistía Internacional.

La ONU condena a España por su falta de acción

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU obligó a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a la familia deshuciada sin alternativa habitacional a que obtenga una vivienda adecuada, así como a que se les otorgase una compensación económica por la violación de los derechos. Pero, sobre todo, el órgano determinó que España debe formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos recursos.

Un revés de la ONU en el que se exigía a todas las administraciones españolas a que haga todo lo posible para garantizar el derecho a la vivienda. “Y esta ILP lo garantiza”, expone Jacinto, aunque el recorrido sea tortuoso. “Hay obstáculos, barreras económicas y que se vaya tan lento deja ver que la participación ciudadana les asusta”, denuncia la portavoz de la plataforma. “Pero es un ejercicio de democracia”, concluye.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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