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La Guardia Civil: “Privatizar la seguridad fue decisión del Gobierno y debe asumir consecuencias”

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La AUGC, agrupación mayoritaria en el cuerpo, critica que se recurra “a unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el de sindicación”.

Con motivo del conflicto laboral mantenido entre los trabajadores y la dirección de la empresa de seguridad Eulen, encargada de gestionar el control de seguridad en el aeropuerto de El Prat, el Gobierno ha anunciado, entre otras medidas, que la Guardia Civil asuma parte del control de los accesos aeroportuarios en Barcelona.

Pero desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se critica duramente el plan del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. La plataforma de guardias civiles ya había advertido sobre las “consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública, tanto en aeropuertos como en los centros penitenciarios”, explican en un comunicado.

“Y ahora que se evidencia el conflicto se acude a la Guardia Civil para solventarlo, haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva”, denuncian.

Creen que “la medida adoptada en el día de hoy supone un problema de gestión, puesto que la plantilla de la Guardia Civil se encuentra bajo mínimos”, y recuerdan que las funciones de control en aeropuertos “deben llevarse a cabo por agentes especializados y con autorización de Aena”.

“AUGC estará muy atenta a las medidas organizativas que se adopten en este sentido, puesto que no estamos en disposición de aceptar que sean los agentes de base quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral puesto de relieve por los vigilantes de seguridad, con quienes AUGC se solidariza en su problemática”.

Los guardias civiles tiran de legalidad para delimitar responsabilidades: “La Ley Orgánica 2/1986 es clara, y en el artículo 12.1.B especifica cuáles son las competencias exclusivas de la Guardia Civil, enumerando en su apartado d) lo siguiente: “La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.”. Por tanto, si desde el Gobierno se hubiera mantenido una seguridad pública y trabajado para mejorarla, huyendo de la privatización, ahora no se tendrían que adoptar medidas de urgencia”, critica el comunicado.

En cualquier caso, los guardias civiles “se limitarán a cumplir órdenes, allá donde se les envíe”, lo que significa, recuerdan, “que la responsabilidad es exclusivamente del Gobierno”.

“En consecuencia, es al Ejecutivo a quien le toda solucionar este conflicto, y hacerlo con la misma agilidad con la que se toman otro tipo de medidas, como por ejemplo, y viniendo al caso, la privatización de la seguridad, en sectores estratégicos”, remachan.

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