Las noticias sobre incidentes en el Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE) de Aluche el pasado lunes han acabado motivando una inspección no anunciada de los técnicos del Defensor del Pueblo y su titular, Francisco Fernández Marugán a este centro en Madrid. Fue en la tarde de ayer y también se visitó la sala de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La institución ha podido así constatar deficiencias en las instalaciones y falta de reformas marcadas por la ley, “a pesar de que han pasado tres años desde la entrada en vigor del reglamento de los CIE”, critica el Defensor. En primer lugar, “en este centro siguen conviviendo internos recién llegados a España en patera con otros extranjeros que han salido de prisión y que están a la espera de su expulsión. Esta circunstancia ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el Defensor del Pueblo”, denuncia el comunicado.
A la institución también le preocupa la falta de reformas a las que estos centros están ordenados: “Las instalaciones siguen siendo inadecuadas, hay falta de asistencia sanitaria permanente y se han detectado carencias en la asistencia social que debería ser asumida por personal especializado ajeno”, y no por la policía, critica el Defensor.
Tras la visita, la Institución ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras copia de las grabaciones completas de los incidentes, de los informes médicos emitidos por el centro y por el SAMUR, de la documentación relativa al periodo de separación temporal en el que permanecía uno de los internos en el momento de los incidentes y de las diligencias policiales y resoluciones judiciales que afectan a otro interno.
El pasado 31 de julio, un grupo de 86 inmigrantes de origen magrebí se amotinó en el Centro de Internamiento en protesta por su próxima deportación. Según declaraban a El Mundo fuentes policiale, la protesta se ha saldó con daños en el mobiliario, y requirió el desplazamiento de una unidad de antidisturbios de la Policía Nacional. Cuando ésta llegó, el grupo de magrebíes se sentó en el suelo.
En ese contexto, un joven marroquí que denunció el pasado lunes una agresión por parte de tres agentes de policía sin identificar en el CIE de Aluche recibió su orden de deportación inminente, aunque finalmente ha sido paralizada, según ha informado hoy la Delegación del Gobierno en Madrid.
Las mismas fuentes aseguran que el joven marroquí tiene causas pendientes con la justicia y, por lo tanto, antecedentes penales. Por ello, han apuntado que el hecho de que se haya paralizado su expulsión ahora, no significa que no se le vaya a deportar.
«En el momento que se considere oportuno, se procederá a su expulsión», han insistido sin aportar más información, para después añadir que «en ningún caso» se le deportará como represalia por los incidentes vividos en el centro.
Asilo en Barajas
El Defensor del Pueblo acompañado también por personal técnico visitó la sala para solicitantes de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, situada en la Terminal 1, tras recibir varias quejas por el incremento del número de solicitantes de asilo que permanecen privados de libertad en esta dependencia.
Fernández Marugán considera “urgente” que los organismos responsables mejoren su coordinación con la Policía Nacional y aclaren las competencias de cada uno de ellos porque “la capacidad de estas dependencias y el personal con el que cuenta no es el adecuado para el número de personas que albergan”.
También considera que la estructura de estas instalaciones no es la aconsejada para una permanencia de varios días, además de comprobar que “la comida tampoco es adecuada a la vista del tiempo que se prolonga la privación de libertad en estas instalaciones”, de hasta 72 horas.
Además, denuncia que “las condiciones de la sala son especialmente gravosas para menores, mujeres embarazadas y personas enfermas”, y constata que el protocolo que se sigue para la identificación y traslado de los menores extranjeros no acompañados ha de ser revisado y se debe mejorar la coordinación con la Fiscalía.
El Defensor ha recordado en numerosas ocasiones que las personas que permanecen en estas dependencias deben tener acceso a luz natural en el exterior al menos una hora al día. En caso de separación o aislamiento, hay que registrar por escrito esta medida que debe producirse en espacios que cuenten con videovigilancia. Además, se debe garantizar el derecho a la intimidad en temas de salud. Nada de ello parece cumplirse.
