Universidades públicas infrafinanciadas: necesitan un 30% de lo inicialmente calculado

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Universidades públicas infrafinanciadas: necesitan un 30% de lo inicialmente calculado

El Tribunal de Cuentas exige a las autonomías que elaboren “con rigor” sus presupuestos para que las modificaciones sean “las menos posibles”.

Aula de una universidad

De todo el aparato administrativo autonómico, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las regiones, las universidades públicas son las entidades con un proyecto financiero más caótico, según el Tribunal de Cuentas. Los créditos inicialmente aprobados para financiar las universidades acaban incrementándose un 29%, de media, en las cuentas reales. Pero en Andalucía ese incremento asciende al 45%, en Cataluña al 43% y en Valencia hasta el 41%.

“Las universidades deberían elaborar con rigor sus presupuestos antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo toda su actividad docente e investigadora, de modo que las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las menos posibles”, critica el Tribunal de Cuentas en su reciente Informe global del Sector Público Autonómico para el ejercicio de 2014.

“En todo caso, debidamente justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación”, apostilla el fiscalizador, que pone de manifiesto una infrafinanciación de las universidades públicas en los proyectos iniciales. Las obligaciones reconocidas ascendían a 8.461 millones de euros para las 47 universidades públicas que presentaron las cuentas enEspaña en 2014. Pero los créditos finales aumentan hasta los 10.626 millones, casi un tercio más de lo presupuestado (2.378 millones de euros).

Además, el grado de ejecución sobre los créditos definitivos ronda el 80%, y Andalucía, Cataluña, Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana presentan un nivel de ejecución aún menor.

En general, el Tribunal de Cuentas afea a las administraciones regionales no incluir memorias demostrativas sobre el cumplimiento de objetivos programados en la mayoría de los casos. “Supone una limitación a la verificación de la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos”, critica, además de observar “la tendencia a no disponer de una contabilidad adecuada y un mínimo seguimiento de los gastos con financiación afectada que permita conocer las desviaciones de financiación en el cálculo del superávit o déficit de financiación del ejercicio y del estado del remanente de tesorería” en el sector público autonómico.

El porcentaje de las cuentas rendidas en plazo asciende al 73%, las rendidas fuera de plazo al 13% y las no rendidas al 14%.

Aunque las universidades despuntan en los incumplimientos de liquidaciones, el conjunto de las Administraciones Públicas incurrieron en aumentos del 9% sobre los créditos iniciales. “Las modificaciones superan el 20% de los créditos y previsiones iniciales en La Rioja, Comunidat Valenciana y Ciudad de Ceuta con porcentajes del 24%, 28% y 39%, respectivamente”.

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