La desaparición de unos documentos claves en la investigación del ‘caso Púnica’ deja (aún más) en una situación delicada a un importante miembro del Gobierno de Cristina Cifuentes. La empresa pública Nuevo Arpegio, actualmente dirigida por el ‘número tres’ de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, ha reconocido ante el juez que se han “traspapelado” varios contratos originales que han sido reclamados por los investigadores para evidenciar la trama corrupta.
Nuevo Arpegio está en el ojo del huracán. Según investigan desde la Fiscalía Anticorrupción como el juez Eloy Velasco, esta empresa pública –encargada de gestionar el suelo de la Comunidad de Madrid- habría sido durante varios años la central de operaciones de Francisco Granados y de la trama corrupta. Tal y como recogió Voz Populi, los movimientos del presunto cabecilla de la Púnica viraron en la dirección de aprovechar su puesto como presidente de la Mesa de Contratación de la compañía para manipular hasta 22 consorcios urbanísticos y numerosos contratos de obras, que estaban incluidos por el Plan Prisma –dotado con más de 1.000 millones de euros-, a cambio de comisiones.
De hecho, es tal la situación que se vivía en la Mesa de Contratación que el magistrado decidió imputar a todos los miembros. Bueno, a casi todos. Faltó (o falta) Taboada, el cual era uno más del órgano. Incluso, según señalaron fuentes del caso a El Confidencial, el actual consejero de Medio Ambiente era más que un peón; era “el soldado” de Granados. Una relación entre ambas personalidades que nació a inicios de 2006 cuando el miembro del Gobierno de Cifuentes fue fichado para Arpegio (ahora Nuevo Arpegio) directamente por la Consejería de Presidencia, es decir, por Granados.
A raíz del estallido de la Operación Púnica, el cerco se ha ido estrechando sobre Taboada. Y más al ver que todos sus excompañeros de la mesa de contratación presuntamente fraudulenta tienen serios problemas judiciales. Las piezas van cayendo. Y la posición de aforado del consejero de Medio Ambiente obliga a los investigadores del caso a ir con pies de plomo (ya han pedido informes a Hacienda). Aun así, los acontecimientos en relación al ‘número tres’ de Cifuentes pueden acelerarse. Según publicó recientemente El Confidencial, la imputación es cuestión de tiempo. La Audiencia Nacional aún no ha decidido reclamar a la Justicia madrileña su desprotección jurídica hasta que no se analicen 100 cajas de documentos.
Todos apuntan a Taboada
Mientras tanto, al frente de Nuevo Arpegio se mantiene Taboada al ser el máximo responsable de esta entidad pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Y, al mismo tiempo, los testimonios de los grandes protagonistas no detienen las sospechas sobre el ‘número tres’ de la Comunidad de Madrid. El primero en apuntar al popular fue alguien que tiene mucho que ver en la trama: el empresario David Marjaliza.
En uno de sus primeros testimonios ante el juez, Marjaliza aseguró que Taboada, como director general de Cooperación con la Administración Local en los equipos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, “era el que mangoneaba allí”, en referencia a la coordinación del Plan Prisa. Es más, sentenció que el hoy consejero de Medio Ambiente era uno de los encargados de cobrar un tercio de la comisión; el resto iba para los técnicos y para Granados.
Sin embargo, Marjaliza no ha sido el único en hablar. Granados, el pasado mes de mayo y antes de salir de la cárcel, dirigió un escrito al juez Velasco lanzando una petición muy concreta: que Esperanza Aguirre y Jaime González Taboada testifiquen por la Púnica. Según el exdirigente popular, sus testimonios tendrían un “alto interés” y más si al ‘número tres’ de Cifuentes se le pregunta por “la existencia de pagos o comisiones en la ejecución de dicho plan [Prisma] y [las] circunstancias de su nombramiento”.
De la misma manera, Ignacio González tampoco ha querido ser menos con sus palabras. En una conversación intervenida por la UCO, a la que tuvo acceso El Español, el expresidente de la Comunidad de Madrid comentaba con su hermano Pablo –hoy en prisión- la sorpresa de colocar a Taboada en el Gobierno de Cifuentes. Aunque Pablo González encontró una rápida explicación: “Pues porque se llevaba bastante bien en otras cosas, porque, como ella se encargaba de la coordinación en la campaña electoral de los pueblos y quien daba dinero a los pueblos, era éste. Yo creo que ahí hicieron sus chanchullos, pero que tenían relación porque él se debió portar bien con ella”.
Y es que la amistad entre ambos dirigentes viene de lejos: de 2004 a 2008 Cifuentes ejerció el cargo de secretaria ejecutiva de política territorial del PP en la Comunidad de Madrid y Taboada estaba al frente de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid desde los años 2003 hasta el 2015 (cuando entró al Ejecutivo regional). Un periodo de coincidencia que no pasó desapercibido para Ignacio González: “En algún momento en el que Cristina fue secretaria del territorial, yo creo que los cuatro primeros años, y éste [Taboada], alguna historia tenía. Porque si no, no es normal”, al ver que fue nombrado consejero de Medio Ambiente.
Por último, a inicios de este mes de junio, el exjefe de área de zonas verdes relató ante el juez, según consta en el sumario al que tuvo acceso InfoLibre, que Jaime González Taboada, en 2008, le acosó para cumplir con el amaño que quería Granados. “El subdirector me dijo que, según Taboada, Granados no admite que el concurso de mantenimiento del parque de Polvoranca se adjudique a otra empresa que no sea Imesapi (Florentino Pérez)”, explicó el testigo. De esta manera, se confirmaría ese papel de “soldado” que realizaba el ‘número tres’ de Cifuentes en una de las tramas de corrupción más mayúsculas de la Comunidad de Madrid.
La falta de transparencia
Las quejas de la Fiscalía Anticorrupción no se han hecho esperar. Esta misteriosa desaparición de documentos claves no ha sido el único escenario con el que han tenido que lidiar los investigadores. El organismo, en el mes de mayo, en el escrito en el que pedía el registro de Arpegio reprochaba la falta de colaboración de la Comunidad de Madrid. “Existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” en el Gobierno madrileño o en el PP regional, recalcó el Ministerio Público.
Las esperanzas de colaboración por parte del Ejecutivo regional son vagas al ver las “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”. Por ello, Anticorrupción confesó que se hacía “difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal”.
