Conoce por dónde va la reforma del negocio de los alquileres turísticos

Mercado inmobiliario

Conoce por dónde va la reforma del negocio de los alquileres turísticos

Un negocio que está cambiando el mercado vacacional pero también el de arrendamiento en las grandes capitales.

Turista viaje camara foto

El fenómeno de que cada vez más particulares alquilen sus viviendas a turistas ha empujado al Gobierno de Cristina Cifuentes a regular un negocio que está cambiando a pasos agigantados el mercado vacacional pero también el de arrendamiento especialmente en las grandes capitales como Madrid y Barcelona.

Para ello, el Ejecutivo autonómico ha iniciado los trámites para modificar el decreto que regula las viviendas de uso turístico en la región, una reforma que, entre otras novedades, crea el Certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT) -un documento técnico que pretende garantizar al usuario que la vivienda en que va a alojarse cumple con unos parámetros determinados- permite a las comunidades de propietarios prohibir la implantación de viviendas turísticas -cuando sus estatutos así lo recojan de forma expresa- y también contempla que las plataformas de viviendas turísticas estén sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo.

Además, la reforma supondría eliminar la restricción actual de poder alquilar por habitaciones. E igualmente se suprime el requisito de contratación de estas viviendas por un tiempo inferior a cinco días (atendiendo al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) y desaparece además el concepto de “habitualidad” y el plazo mínimo de tres meses que se exigía para el ejercicio de la actividad turística. Unas medidas que portales inmobiliarios como fotocasa.com o pisos.com consideran positiva por el mero hecho de intentar poner orden en este negocio ya que creen necesario fijar unas “reglas de juego” claras tanto para inquilinos como para los caseros.

Beatriz Toribio, responsable de Estudios de Fotocasa admite que la reforma apunta en “una buena dirección” debido a que es menos prohibicionista que las de otros CCAA y ayuntamientos. “La música suena bien pero a habrá que ver cómo queda la letra, ya que la norma es menos prohibicionista que la de otras comunidades como Baleares o Cataluña”, explica Toribio, quien también resalta el hecho de que con la futura norma se trata de proteger a los usuarios “evitando que se pueda alquilar cualquier tipo de vivienda”.

Se refiere la representante de fotocasa.com al hecho de que el decreto introduzca nuevas obligaciones de los propietarios como tener contratado un seguro de responsabilidad civil, disponer de hojas de reclamación o respetar la ratio de capacidad de personas que se pueden alojar en función de las dimensiones de la vivienda. Además de establecer que las viviendas dispongan de calefacción en condiciones de funcionamiento, suministro de agua fría y caliente y fuentes de energía suficientes, y una ventilación directa al exterior o a patio no cubierto. Y disponer de un extintor manual, a no más de 15 metros de la puerta de salida de la vivienda, junto a una señalización básica de emergencia indicando la puerta de y a un plano de evacuación del edificio y de la vivienda en un lugar visible.

Sin embargo, la representante de Fotocasa.com, advierte que el hecho de que cada comunidad autónoma y ayuntamiento estén regulando al respecto está provocando “una amalgama de normativas que va a generar conflictos” e incertidumbre por lo que estima necesario que se elabore una normativa estatal sobre el alquiler, que englobe el turístico y el tradicional, y que haga frente a los grandes retos a que se enfrenta el mercado del arrendamiento en este país, que ha dejado de ser el ‘patito feo’ frente a la vivienda en propiedad.

Toribio reclama una normativa estatal sobre el alquiler después de precisar que no comparte la opinión de quienes acusan exclusivamente al alquiler turístico de ser el causante de la subida de rentas que se está produciendo. “Es un factor, pero no el principal, ya que solo empuja al alza el precio de los alquileres en el centro de algunas ciudades y todo el mundo está notando que sube el alquiler y no sólo en las grandes urbes” poniendo como ejemplo “que hoy alquilar un piso es, de media, un 10,5% más caro que hace un año en toda España y eso es un problema que hay que solventar y que sólose soluciona aumentando la oferta”.

Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios de pisos.com también considera positivo que se regule este mercado porque hay “un vacío legal”, pero cree que hay que tener cuidado de no hacer una regulación excesivamente intervencionista que perjudique al turismo y ponga las cosas difíciles a los particulares que han comprado viviendas para dedicarlas al alquiler turístico, ya que “uno debe poder decidir qué hace con lo que es suyo”.

Gandarias avisa también de que hay que asegurarse de que la ley se puede cumplir -también por parte de un particular o una pequeña empresa- refiriéndose concretamente a la obligación que establece la nueva normativa de que los propietarios remitan a la Dirección General de la Policía la información relativa a las personas alojadas en sus inmuebles. Recuerda el representante de pisos.com que aunque es un requisito positivo ésta es una medida enfocada al sector hotelero que ve difícil de cumplir para los particulares si no se les dan facilidades, por lo que cree que el Gobierno deberá habilitar mecanismos ágiles y transparentes para su cumplimiento.

Desde la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, Arrenta, su directora general, Mercedes Robles, quiere dejar claro que “lo que actualmente se llama alquiler turístico y es lo que siempre hemos denominado como vacacional. El problema es que ahora se ha extendido a las viviendas que normalmente se alquilaban como viviendas habituales y ya no sólo se centraliza en las zonas de playa si no en las capitales de provincias”, aunque ahora las nuevas tecnologías, Internet o plataformas como Airbnb o Homeaway hayan revolucionado el mercado.

Respecto a las medidas que el Gobierno autonómico quiere adoptar, la directora general de Arrenta piensa que algunas como la prohibición expresa del alquiler turístico a alguna vivienda de una comunidad de propietarios, “carece de sentido, ya que para ello se requiere un cambio de estatutos que sólo se puede llevar a cabo si existe unanimidad” y lógicamente, habrá oposición por parte del propietario de una vivienda que quiera alquilarlo de forma turística”. Mientras que Manuel Gandarias avisa de que dicha prohibición, aunque difícil de adoptar, obligará a que cualquier persona interesada en comprar una vivienda para alquilarla a turistas, a revisar los estatutos de la comunidad de propietarios antes de hacerlo, lo que cree puede frenar este tipo de inversión.

Otras precisiones que hacen los operadores, en esta caso Arrenta es que se puede mejorar la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil algo que esta asociación considera “fundamental e imprescindible” pero que Mercedes Robles ampliaría “añadiendo la obligatoriedad de un seguro multirriesgo de hogar de vivienda alquilada” . Y explica que “actualmente las compañías aseguradoras ya contentan este tipo de seguros, incluyendo una cláusula en la póliza donde se contemplan que durante el año entran y salen inquilinos sin necesidad de comunicar esos cambios al seguro y lo más importante, esas pólizas incluyen la responsabilidad civil del inquilino.

Por último, la directora general de Arrenta cree importante regular quién va a emitir los Certificados de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico “para que no pase como con el certificado energético, que se empezó a exigir no hace mucho a las viviendas en alquiler y que al final lo certifican a distancia los ingenieros para abaratar cualquier tipo de coste, creándose una ‘pelea’ de precios en internet”. Opina que en este caso “debería ser la propia Comunidad Autónoma quien lo haga y por supuesto asumiendo el coste del mismo”, ya que “sería la mejor forma de controlar que se cumplan la normativa y no sea un coladero”.

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