La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, estrecha el cerco sobre el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, por la pertenencia del italiano al ‘Grupo de los 30’, foro privado que reúne a algunos de los banqueros más importantes del mundo.
Tras las denuncias sobre la pertenencia de Draghi a este club exclusivo, el órgano que vela por los derechos de los ciudadanos ha estudiado los vínculos entre el BCE y el ‘Grupo de los 30’, que incluye a ejecutivos de bancos bajo la supervisión directa de la institución.
Tal y como publicó ElBoletin.com, la investigación fue lanzada el pasado mes de enero. Desde entonces, el Defensor del Pueblo ha mantenido conversaciones con miembros del BCE y ahora está exigiendo una respuesta por escrito para el próximo mes de septiembre, añade hoy el diario Financial Times.
El predecesor de Draghi en la presidencia del BCE, Jean-Claude Trichet, es el presidente honorario del ‘G30’, que también incluye a figuras tan relevantes como el expresidente de la Reserva Federal Ben Bernanke o los exsecretarios del Tesoro estadounidense Paul Volker y Tim Geithner. Los jefes del Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Popular de China también son miembros.
Entre las respuestas exigidas por el Defensor del Pueblo de la UE se encuentran las siguientes:
- Si el BCE contribuye a la financiación del G30.
- Si el BCE tiene reglas para garantizar que no haya conflicto de intereses con los bancos que supervisa en el G30.
- Si el BCE está dispuesto a proporcionar información pública sobre el contenido y el orden del día de las reuniones.
Aunque el BCE ha afirmado que Draghi participa en este club a título personal, la Defensora del Pueblo recuerda que el vicepresidente del BCE, Vítor Constancio, intervino y pronunció un discurso en este foro en una ocasión en que el presidente no pudo acudir al mismo. “Se puede argumentar, por lo tanto, que la participación del BCE en el ‘Grupo de los 30’ es más bien de carácter institucional. ¿Cuál es la opinión del BCE?”, se pregunta O’Reilly.
La polémica se produce en un momento en que el BCE está intentando aumentar la transparencia de sus decisiones tras haber recibido algunas críticas por sus actuaciones.
El Defensor del Pueblo Europeo no tiene poder de sanción, pero puede inspeccionar documentos privados y convocar a los funcionarios para que testifiquen ante él.
