Según han informado las cuatro asociaciones de jueces principales, tras reunirse esta semana con el Ministerio de Justicia, el total de plazas para la carrera judicial y fiscal que se convocarán en 2017 vuelve a ser de 100. Jueces y fiscales no se benefician de la convocatoria masiva de empleo público que Gobierno y sindicatos pactaban ayer y del que aún no se conocen todos los detalles.
La convocatoria de plazas en Justicia ha caído drásticamente con la crisis económica y la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno a finales de 2011. Antes de ese año, se convocaban unas 200 plazas anuales solo para jueces, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En los últimos dos años de José Luis Rodríguez Zapatero fueron del doble.
De ese ejercicio en adelante, la carrera judicial solo disfrutó de 50 plazas anuales, y en 2012 fueron solo 25. Sumando los puestos para fiscales, la convocatoria anual es de 100 plazas. En total, comparando un periodo con el anterior, la convocatoria cae dos tercios en número de plazas ofertadas, y 2017 no será el año de la recuperación para el sector judicial.
Todas las asociaciones judiciales consideran “imprescindible el incremento de la planta”, pero es Hacienda quien estipula el tamaño de la oferta. La proporción entre opositores y plazas se magnifica año a año, al acumularse cientos de estudiantes que se quedan sin hueco año tras año mientras ven disminuir sus probabilidades de entrar en la carrera judicial y fiscal.
Además, por el momento los opositores desconocen la fecha de los exámenes ni pueden estar seguros de que se celebrarán. Las asociaciones del sector han pactado con Justicia que el primer examen o test se prevé para el mes de octubre y el primer examen oral para noviembre.
Hace ya dos años que Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco Victoria, criticaba que España cuente con alrededor de 4.500 jueces para “una población de 40 millones de habitantes que es el doble en verano”. Según aquellos cálculos, que no han mejorado, “cada juez está haciendo en España el trabajo de dos, y cobrando lo mismo”.
El avance que han logrado esta semana las Asociaciones Judiciales sí atañe a las condiciones de los que ya son jueces y fiscales: el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a recuperar el estatuto orgánico profesional previo a la reforma de 2012, en materia de permisos, vacaciones y licencias de los magistrados y fiscales.
