El exfiscal Anticorrupción Manuel Moix archivó, como fiscal jefe de Madrid, las denuncias interpuestas por el PSOE y por Izquierda Unida en 2005 contra las obras de la M-30 por la falta del informe de evaluación de impacto ambiental, talas de árboles o desaparición de zonas verdes.
Así lo ha revelado hoy la portavoz municipal del PSOE-M en Urbanismo, Mercedes González, durante su intervención en una nueva sesión de la comisión de investigación sobre la empresa de gestión mixta Madrid Calle 30, en declaraciones recogidas por Efe.
Durante la comparecencia de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio en 2004, González ha glosado una serie de denuncias interpuestas entonces tanto por su grupo como por Izquierda Unida, cuando la M-30 pasó a ser calle y a ser gestionada por una empresa mixta.
Izquierda Unida denunció ante la Fiscalía de Madrid el fraccionamiento de las obras, las quejas vecinales sobre las obras y la desaparición de zonas verdes, además de la «tala injustificada» de 155 árboles en la ribera del Manzanares y la falta del preceptivo informe de evaluación ambiental.
Por su parte, el PSOE, que pidió la suspensión de la obra, denunció el impacto de las obras en el tramo de la Casa de Campo, ante el impacto paisajístico, y también la tala de árboles en el parque de la Ermita del Santo, sobre el que había una protección que el Ayuntamiento no había retirado, así como la tala de 400 árboles para hacer el intercambiador de plaza Elíptica.
«¿Usted se acuerda de quién le archivo esto?», ha interrogado González a Sabanés. «Moix», ha contestado la delegada.
«Efectivamente, don Manuel Moix, que cumplió con su trabajo», ha afirmado, irónica, Mercedes González sobre el ex fiscal jefe Anticorrupción, quien dimitió el pasado 1 de junio.
La labor de Moix, que estuvo tres meses al frente de la Fiscalía Anticorrupción, estuvo rodeada de polémica por decisiones como calificar como falta, y no delito, el incidente de Esperanza Aguirre en su coche en la Gran Vía, archivar varias denuncias por la gestión del Canal de Isabel II, que ahora investiga el caso Lezo, y porque su elección fue calificada de algo «cojonudo» por el expresidente madrileño Ignacio González, actualmente en prisión.
La comisión de investigación investiga a la empresa mixta Madrid Calle 30, participada por el Ayuntamiento, con el 80% del capital, y por un socio privado (EMESA), que cuenta con el 20% restante. El Ayuntamiento destina anualmente alrededor de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 (única fuente anual de ingresos de la sociedad), de los cuales solo unos 28 son destinados al mantenimiento y explotación de la infraestructura. El resto se destina al pago de intereses de la deuda, reparto de dividendos al socio privado, pago de IVA e impuestos de sociedades.
En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA y, tras la concesión, quedó establecido el modelo económico financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040, y que Ahora Madrid considera que es perjudicial para los intereses del Ayuntamiento.
