Imputan a dos excargos de Zapatero por el ‘pelotazo’ del Puerto de Gijón

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Imputan a dos excargos de Zapatero por el ‘pelotazo’ del Puerto de Gijón

La jueza cita a declarar ex secretario general de Transporte del Gobierno del PSOE Fernando Palao Taboada y al expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas.

Puerto de Gijón

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado a declarar el 20 de julio como investigados por los sobrecostes en la ampliación del puerto de Gijón dos excargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según informa Vozpopuli.com los citados como investigados son ex secretario general de Transporte del Gobierno del PSOE Fernando Palao Taboada y al expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas

El digital explica que “Lamela, que investiga los más de 200 millones de incremento del precio de la ampliación del puerto de El Musel, cita a los dos excargos de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero después de que cinco de los seis directivos de la UTE Dique Torres, que fue la firma que se encargó de la obra, reconocieran que participaron en una reunión que se celebró en el Ministerio de Fomento en 2006 con Fernando Palao Taboada y Mariano Navas”.

Y recuerda que este encuentro se desarrolló –según informó el diario La Nueva España-antes de que la Autoridad Portuaria de Gijón comenzara a pagar sobrecostes a la UTE Dique Torres. El rotativo asturiano asegura que los representantes de las empresas negaron ante la jueza Lamela que en la reunión se negociaran los sobrecostes de la obra de ampliación portuaria, indicando que de lo que se habló fue de cuestiones generales.

Los empresarios que declararon ante la jueza fueron el adjunto al presidente de Dragados en la época de la ampliación portuaria, Juan Ernesto Pérez Moreno; el entonces director general de FCC Construcción, Francisco García Martín; el ex director gerente de Alvargonzález Contratas Maximino Gorostiza; el exdirector de Obra Civil de Dragados José María López Piñol; el exdirector de participadas de Dragados Octavio del Real; y el exgerente de la UTE Dique Torres Juan Miguel Pérez Rodríguez.

Los nombres de los empresarios se conocieron al aparecer en la agenda del expresidente de Puertos del Estado, ahora imputado, en la que figuraban referencias a dos reuniones en el despacho del exsecretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, para hablar sobre la ampliación de El Musel.

A esas reuniones también acudieron el expresidente y el exdirector del puerto gijonés Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente, completa La Nueva España.

Vozpopuli.com destaca que “un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) concluye que la Autoridad Portuaria gijonesa acordó elevar el coste de la obra pese a saber que la concesionaria podía extraer las piedras en las canteras denominadas Peña María y La Hoya-Perecil, situadas en el concejo de Carreño, ‘sin contraprestación económica’ “.

Señalando que “de los 198 millones de sobrecoste, la mayor parte del mismo se debe al incremento del precio de las piedras (189,5 millones) que se utilizaron para ampliar los diques de El Musel.”

El citado medio online también destaca que la IGAE ve además «incomprensible» que el Puerto de Gijónaceptara el aumento basado sobre todo en el precio de los materiales: “Mientras que la empresa adjudicataria había firmado un contrato para extraer, sin ninguna contraprestación directa, unos 24 millones de toneladas de piedra, representando alrededor del 75% de la totalidad de las piedras utilizadas”.

Vozpopuli.com recuerda que a investigación por el sobrecoste de la ampliación del puerto de El Musel la inició la oficina antifraude de la Unión Europea (OLAF) el 2 de diciembre de 2010, ya que los trabajos fueron financiados por los Fondos de Cohesión de la UE.

Y subraya que fue entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción española tomó el testigo de la investigación, que acabó denunciando los hechos en la Audiencia Nacional. El juez Javier Gómez Bermúdez inició un procedimiento en el que están imputados varios empresarios, los exdirectivos del Puerto de Gijón y ahora dos altos cargos de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

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