Los populares en el Ayuntamiento de Madrid fueron los únicos que no apoyaron la moción del PSOE para pedir cuentas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por los efectos de la amnistía fiscal de 2012 sobre el presupuesto de la capital. Los socialistas presentaron esta semana en el pleno municipal una propuesta para pedir a la Administración Central mecanismos compensatorios por los ingresos perdidos en las arcas madrileñas.
Ahora Madrid y Ciudadanos dieron el sí; el PP se abstuvo. La idea es reclamar hasta 40 millones de euros que podrían corresponder a Madrid por el del reparto de ingresos con el Estado en concepto del IRPF de 2012. Según explicó el concejal socialista defensor de la propuesta, Ransés Pérez Boga, no revisar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2012 “y no exigir las cuotas no ingresadas aplicando la normativa ordinaria, causaría un perjuicio económico al Ayuntamiento de Madrid, ya que si los contribuyentes que no pagaron, y cuya deuda prescribe el próximo 30 de junio, lo hicieran ahora, al ayuntamiento podrían corresponder aproximadamente entre 24 y 40 millones más de participación en los ingresos del Estado”, en en concepto de IRPF”.
El grupo que lidera la alcaldesa Manuela Carmena, el del PSOE, con Purificación Causapié a la cabeza y el grupo de Ciudadanos comandado por Begoña Villacís se basan en la sentencia del Tribunal Constitucional, que recientemente anuló la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. Según estos grupos, la sentencia del Alto Tribunal permite “exigir el dinero a los defraudadores que se acogieron a la amnistía, pero antes de que las declaraciones sean firmes, lo cual acontecerá el próximo 30 de junio en el caso de las personas físicas y el 25 de julio para las empresas que se acogieron a la regularización».
Los socialistas explican que el Ayuntamiento de Madrid participa de los ingresos que el Estado obtiene del IRPF, por lo que al perdonarle el impuesto, no solo deja de ingresar el Estado, sino que también reduce los ingresos de los Ayuntamientos, que participan de esa recaudación.
Según la defensa de la propuesta hecha por Pérez Boga, el Gobierno ha incumplido tanto el principio de suficiencia financiera de las entidades locales, por la pérdida de recursos, “como el principio de lealtad institucional para con el Ayuntamiento de Madrid, puesto que el Estado ha adoptado la amnistía mediante Decreto-Ley, sin preguntar a las entidades locales, y finalmente han terminado soportando esta condonación de impuestos, el conjunto de entidades locales, vía participación en el IRPF”. “Lo que no han ingresado los defraudadores ha sido financiado por los madrileños y madrileñas”, remachó.
La moción incluye dos grandes ejes de actuación: por una parte, se requiere a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie, con carácter urgente, actuaciones de comprobación del IRPF 2012 para citar a los contribuyentes que hayan participado en la amnistía y exigirles que ingresen los impuestos evadidos, “pues se refieren a situaciones jurídicas no firmes a fecha de hoy”, informa el PSOE en un comunicado.
En segundo lugar, se insta a las Cortes Generales para que, en caso contrario, arbitren los mecanismos de compensación para que el Ayuntamiento de Madrid y el resto de las entidades locales acogidas al sistema de reparto, se vean resarcidas por la pérdidas de ingresos derivados por la “regularización tributaria especial” decretada por el gobierno de la nación en 2012 y declarada anticonstitucional mediante sentencia del Constitucional del 8 de junio.
Tira y afloja con Montoro
La petición de recuperar estos ingresos por IRPF del ejercicio de 2012 tensa la relación del consistorio con el departamento de Montoro, muy agitada en los últimos meses a cuenta de la regla de gasto. La ley de estabilidad financiera sirvió a Hacienda para reclamar la inmovilización de 238 millones de euros del presupuesto de la capital, ante las quejas y recursos a la Justicia del equipo de Gobierno de Ahora Madrid.
La delegación económica del equipo de Carmena presentó hace justo un mes un recurso a las decisiones del Ministerio de Hacienda en relación al Plan Económico Financiero (PEF) del consistorio. El recurso es la respuesta a la negativa de Montoro de aprobar el PEF madrileño de este año y el siguiente, así como a la solicitud previa de acuerdo de no disponibilidad de créditos por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2016.
Carlos Sánchez Mato, concejal económico de Ahora Madrid, defendió estar en una “situación de indefensión” y que los preceptos del departamento de Montoro en este caso “vulneran” los derechos del ente municipal.
Tras la sentencia del Constitucional a la amnistía de Montoro, que tumba el mecanismo ideado para aflorar capitales en el extranjero en 2012, y que ha acarreado la reprobación del propio ministro en el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento de Madrid parece haber decidido intentar devolver el golpe a Hacienda.
