La Comisión Europea es el nivel de político con más competencias ejecutivas, judiciales y legislativas cuya elección no se ejerce por democracia directa. Una de sus funciones es la de velar por el control de la competencia en los Estados miembro. Sin embargo, según analiza la plataforma pro-vigiliancia de los lobbies en Europa CEO (Corporate Europe Observatory), el resultado de ambos factores es una postura favorable a la concentración empresarial, según el historial de control de la competencia en la UE desde los ’90.
“Paradójicamente, mientras se persigue ferozmente a los cárteles que reducen la competencia en determinados sectores, se estimulan fusiones y compras que acaban con la competencia de forma permanente en otros”, denuncia la plataforma.
Tras analizar las decisiones de la CE en esta materia en las últimas tres décadas, el análisis apunta que la Comisión ha legitimado su posición favorable a la concentración escudándose en argumentos como la creación de sinergias, la reducción de costes y por tanto de los precios para el consumidor final, la innovación en los productos o la eliminación de estructuras de gestión ineficientes.
Sin embargo, las grandes firmas transacionales han sido las principales beneficiarias de estos argumentos, mientras empresas más pequeñas y menos competitivas han sufrido los efectos. Una política europea que, según CEO, consolida una tendencia de concentración del poder económico en cada vez menos compañías que no beneficia ni a los consumidores ni a la sociedad en general.
Como ejemplo, encabezan el análisis megafusiones recientemente anunciadas entre dos gigantes agroquímicos: Bayer y Monsanto, aun no confirmada oficialmente. También entre Dow y DuPont y ChemChina y Sygenta. Una contundente concentración en el mercado de las semillas, plaguicidas y otros productos químicos. «Estas fusiones no sólo afectarán al futuro de la biodiversidad, la vida silvestre y las condiciones en que los agricultores producen sus cosechas, sino también a las vidas y las opciones para alimentarse de miles de millones de personas en todo el mundo”, explica CEO. Con el símil que muchos usaron para el sector bancario («too big to fall»), la plataforma se refiere a estas macroempresas como entidades «demasiado grandes para ser controladas».
Para que esas uniones empresariales existan, deben contar con el permiso de varias autoridades de la competencia; en la UE, la Comisión Europea es la autoridad supranacional sobre la que recae la responsabilidad. Desde 1990, el ejecutivo comunitario cuenta con normas europeas para permitir o prohibir fusiones, y también puede exigir enmiendas sobre los acuerdos de las empresas.
Desde los 90, la Comisión ha aprobado nueve de cada diez concentraciones notificadas sin imponer condiciones, y ha optado por apoyar las fusiones activamente una vez presentadas enmiendas a los proyectos de unión empresarial. En palabras de la comisaria de la Competencia Neelie Kroes en 2007, «el tsunami de la fusión es una buena señal. Demuestra que el propio mercado se está adaptando al cambio, y que las empresas europeas se ajustan a la competencia global. En muchos sectores se está produciendo una sana reestructuración. Se debe permitir que estos procesos sigan su curso sin interferencia política que pueda ser perjudicial”
Para responder a la cuestión de si los controles de la Comisión realmente favorecen a una competencia justa y beneficiosa para los consumidores, el informe de CEO repasa los elementos normativos clave en la materia, de lo que concluye que existe una falta de responsabilidad democrática en el ámbito de la competencia. Recopila tendencias y ejemplos en la aplicación concreta de las leyes del sector y concluye con lo que el think tank considera “una inquietante paradoja”: que la Comisión Europea has perseguido agresivamente cárteles durante años mientras ha relajado sus puños a la hora de dar el visto bueno a los movimientos de concentración de gigantes como Microsoft, Intel o Google.
Los números
El historial de aplicación de las normas de fusión desde 1990 hasta la fecha confirma “la firme posición de la Comisión en favor de la concentración” de empresas bajo los mismos dueños, según la plataforma. Los datos avalan la idea, puesto que solo 25 de las 6.493 fusiones notificadas, un escaso 0,4%, fueron sido bloqueadas (calculadas hasta el 28 de febrero de 2017).
Entre 2002 y 2016, la Comisión prohibió sólo siete fusiones. Aunque es posible que algunas cifras varíen por la retirada de fusiones previstas o que nunca se llegaran a presentar previendo un dictamen negativo, se puede concluir que el llamado “control de las concentraciones en la UE” ha facilitado en gran medida que unas pocas manos acumulen cada vez más parte del pastel de ciertos sectores productivos.
Sólo en 2007, antes del estallido de la crisis, la Comisión recibió 402 notificaciones, el mayor volumen de fusiones notificadas anualmente hasta la fecha. De ello, el ejecutivo comunitario interpretó una señal positiva, una tendencia hacia la recuperación económica.
Y una vez pasada la crisis, la Comisión siguió viendo las fusiones como una parte importante de una economía sana bajo el prisma de que éstas promoverían «medidas de reestructuración muy necesarias en determinadas industrias» ante las que las normas de fusiones de la UE no deberían “obstaculizar el surgimiento de empresas europeas capaces de competir en la escena mundial”. “Las asimetrías de poder resultantes entre el capital concentrado y el trabajo, así como otros intereses de la sociedad, no han preocupado sustancialmente a la Comisión” en este proceso, denuncia la plataforma.
En general, y en lo que Ceo definde como la época neoliberal en la UE, desde los 90, la concentración económica ha aumentado masivamente en Europa y fuera de ella: entre 1980 y 1999, el número total de fusiones creció en todo el mundo en un 42% anual. En términos de valor agregado, la actividad global de las empresas fusionadas se multiplicó por cien en el mismo período.
