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Compromís pide a la CNMC el informe donde detectó supuestos sobrecostes en el proyecto Castor

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La formación busca aclarar si ACS pudo "ponerse de acuerdo" con sus empresas "para apropiarse de más dinero público del que le correspondía en sus retribuciones"

El proyecto Castor está sobre el punto de mira del Senado. La comisión de investigación creada en la Cámara Alta empieza a andar, pero antes de sacar conclusiones es necesaria la información. Por ello, el senador de Compromís Jordi Navarrete ha solicitado este lunes el informe de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC que habría detectado supuestos sobrecostes que se adjudicó ACS.

La formación valenciana se ha propuesto aclarar si durante la tramitación del proyecto energético, las empresas del grupo ACS pudieron “ponerse de acuerdo para apropiarse de más dinero público del que le correspondía en sus retribuciones, que vienen tasadas por ley”. Una operación que Compromís sospecha que pudo realizarse “mediante desvíos y apuntes contables” entre las compañías que dirige Florentino Pérez. Movimientos que la organización señala que se pudieron hacer entre los años 2013 y 2014.

“Hablamos de 7,5 millones de euros por el momento, un dinero que están teniendo que pagar los pobres consumidores de gas, que nada tienen que ver con la mala gestión de la empresa y ministerio ante la magna chapuza que supone el proyecto Castor, por lo que vamos a pedir que se aclaren estas sospechas y, si es necesario, que se haga en el seno de la Comisión de Investigación que ha comenzado a andar en el Senado”, ha señalado Navarrete.

Compromís ha denunciado que el proyecto “desbordó las capacidades de los propios ministerios implicados”. De hecho, Navarrete ha reprochado que cada vez parece más claro que “se aceptó a ojos cerrados todos los derechos retributivos de las empresas promotoras y constructoras de manera que el coste total del proyecto se fue hinchando sin control”. Por ello, el senador valenciano ha exigido las “garantías” necesarias que “despejen dudas especialmente cuando están siendo los consumidores de gas quienes están asumiendo estos costes a nuestro entender ilegítimamente”.

La coalición ha reclamado mediante una enmienda a los PGE 2017 que sean las cuentas públicas quienes asuman las indemnizaciones, sobrecostes y los costes provisionales de mantenimiento y operatividad de “unas plantas inservibles e hibernadas”.

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